El silencio de los militares en el caso Ayotzinapa
El Ejército mexicano monitoreó y interceptó comunicaciones durante la desaparición de los 43 normalistas.
Las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sitúan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el centro de las exigencias institucionales e internacionales para resolver el caso y conocer el paradero de los alumnos.
Los Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) han documentado la presencia de mandos y elementos militares antes, durante y después de los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La reconstrucción de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos sostiene como eje de debate la entrega total de la documentación resguardada en los batallones militares de Guerrero.
El seguimiento en tiempo real y el C4
Los reportes del GIEI detallan que el 27º Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, mantuvo personal en las calles y monitoreó los desplazamientos de los normalistas a través del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4). La información recabada por el grupo de expertos indica la existencia de interceptaciones telefónicas realizadas por el Ejército durante las agresiones.
En las minutas presentadas por la CoVAJ se argumenta que el Ejército contaba con un elemento activo integrado en la plantilla estudiantil, Ómar Áviliz Reyes, quien realizaba labores de inteligencia militar dentro de la normal y cuya localización también forma parte del expediente de búsqueda.
Las interceptaciones de la Sedena y los archivos faltantes
El sexto y último informe del GIEI, presentado en julio de 2023, documenta la ubicación de folios de inteligencia militar emitidos en septiembre y octubre de 2014. El informe señala que la Sedena entregó copias parciales de dichas comunicaciones, omitiendo transcripciones completas sobre el traslado de estudiantes hacia distintos puntos del municipio de Iguala.
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El informe del GIEI menciona que la respuesta de la estructura militar ante la solicitud de interceptaciones telefónicas producidas en las fechas de los hechos continuó siendo negada en unos casos y fragmentada en otros, impidiendo el avance en la localización de los jóvenes.
Esta afirmación es respaldada en el reporte de la CoVAJ publicado en agosto de 2022.
“Se acredita que las autoridades civiles y militares del Estado mexicano tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo; sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras personas“.
Acciones judiciales contra mandos militares
Entre 2022 y 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra elementos de las Fuerzas Armadas. Entre los procesados se encuentra el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27º Batallón de Infantería en septiembre de 2014, junto con otros oficiales y soldados imputados por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Los representantes legales de los familiares de las víctimas exigen al Poder Ejecutivo la apertura de los folios específicos del Centro Regional de Inteligencia Militar (CRIM) donde se encuentran los registros de comunicaciones entre integrantes de grupos delictivos y mandos del área.
“Existen elementos para afirmar que la Secretaría de la Defensa Nacional interceptó comunicaciones telefónicas en tiempo real durante las horas de los ataques, las cuales contienen datos sobre el destino de un grupo de estudiantes“, menciona el informe de la Comisión de la Verdad.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyó sus labores en México señalando que la falta de acceso continuo a las instalaciones y archivos militares impidió la finalización del mandato de verificación.
La Secretaría de la Defensa Nacional envió expedientes a la FGR para deslindar responsabilidades procesales, mientras la búsqueda de los restos y la revisión de repositorios continúan bajo la coordinación del mecanismo de seguimiento institucional.
ARIEL HERNÁNDEZ
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