A 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) apunta a una nueva línea de investigación sobre el caso que involucra a funerarias de Iguala y al Servicio Médico Forense (Semefo). La hipótesis se basa en las declaraciones de Gildardo López, “El Gil”, y Ernesto Ramírez, “El Neto”, identificados como líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos, ambos testigos protegidos actúan como testigos protegidos.
Según sus declaraciones, un grupo de estudiantes fue incinerado en una funeraria con concesión para operar como Semefo, administrada por funerarias Rueda. Los señalamientos sostienen que las instalaciones sirvieron para destruir o sepultar restos.
Las declaraciones y los procesos judiciales
Las declaraciones llevaron a que el 30 de junio una jueza de control vinculara a proceso por desaparición forzada a siete personas. Entre los procesados están Violeta Mazón, Helen Rueda, el exdirector del Semefo estatal César Manuel Espinoza, el exsecretario de Salud de Iguala Ben Yehuda Martínez y el coordinador del Semefo de Iguala en 2014, Julio César Valladares Baranda. A tres funcionarios también les imputaron uso indebido de la función pública.
Familiares de Valladares Baranda rechazan los cargos al asegurar que en 2014 el establecimiento no poseía horno crematorio. También, aseguran que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 el personal practicó necropsias ante la presencia de elementos del Ejército, la Marina, policías y periodistas.
Familias cuestionan las diligencias
Familiares de los normalistas e integrantes de organizaciones de derechos humanos cuestionaron la efectividad de estos trabajos. Mario César González, padre de un normalista, calificó las diligencias como un acto mediático al indicar que no observaron pruebas vinculadas con los 43 jóvenes.
Isidoro Vicario Aguilar, abogado de las familias, negó que se les informara sobre el hallazgo de 20 bolsas con restos y aclaró que únicamente conocen de una bolsa localizada en el sitio durante un cateo en octubre de 2025. Los padres pidieron que el Equipo Argentino de Antropología Forense examine los restos localizados.
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La investigación sobre las grabaciones
La FGR indaga si esa versión está relacionada con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Testigos protegidos afirmaron que las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Guerrero, las cuales captaron la detención de un autobús con estudiantes, no se perdieron por fallas técnicas, sino que fueron sustraídas.
Un testigo declaró que Aguirre Rivero ordenó desaparecer dicho material audiovisual durante una reunión de gabinete. A partir de esos elementos de prueba, la FGR obtuvo una orden de aprehensión e imputó al exgobernador los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia.
Tras 12 años, el caso registra cero sentencias condenatorias firmes
El informe oficial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) reporta el dictamen de tres sentencias absolutorias y la liberación de 41 personas durante los procesos penales por falta de elementos de prueba.
Dentro de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, la Fiscalía contabiliza:
• 271 órdenes de aprehensión solicitadas.
• 213 órdenes de aprehensión concedidas por jueces.
• 173 órdenes de aprehensión ejecutadas.
• 19 órdenes pendientes de cumplimiento.
• 21 órdenes canceladas, revocadas o dejadas sin efecto.
• 94 personas sujetas a proceso.
• 67 personas investigadas.
• 38 personas imputadas.
Representantes de los familiares indicaron que las recientes detenciones no aportan datos concretos para dar con la localización de los estudiantes. Alan García Campos, representante de la ONU-DH en México, requirió al Estado mexicano garantizar el acceso a archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala y de las Fuerzas Armadas, en seguimiento a resoluciones judiciales vinculadas con la entrega de folios militares.
El Gobierno de México presentará informe oficial previo al 26 de septiembre
Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno Federal alista la presentación de un informe público sobre los avances, las nuevas líneas de trabajo y las recientes detenciones en el caso Ayotzinapa.
La mandataria precisó que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la fiscalía especializada expondrán los datos a las familias y a la ciudadanía antes de la movilización programada para el 26 de septiembre, fecha en la que se cumplen 12 años de los hechos ocurridos en Iguala.
Además, dijo que el informe detallará el análisis realizado a los registros telefónicos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuyas revisiones derivaron en la identificación de actores que no figuraban en los expedientes previos y que actualmente se encuentran detenidos. El reporte se entregará en reuniones privadas con los padres de las víctimas antes de su difusión pública.
ARIEL HERNÁNDEZ
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