Exgobernador de Baja California continuará proceso penal en prisión domiciliaria
El exgobernador de Baja California enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, aprobó la modificación de la medida cautelar impuesta al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Con esta determinación abandonará el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, para ser trasladado a su residencia particular localizada en Ensenada, Baja California, lugar desde donde dará seguimiento a la causa penal iniciada en su contra por acusaciones de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La resolución se emitió formalmente luego de celebrarse una audiencia de revisión de medidas cautelares en el juzgado de control. Durante dicha diligencia, la defensa legal presentó diversos dictámenes médicos forenses que acreditaron padecimientos físicos persistentes en el imputado.
El órgano jurisdiccional valoró dichos reportes sobre el estado de salud del exmandatario, así como el cumplimiento estricto de la hipótesis normativa contemplada en el marco legal vigente, la cual prevé la concesión del resguardo domiciliario a personas imputadas que superan los 70 años de edad y cuya permanencia en un centro carcelario representa un riesgo para la integridad física o la vida.
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Ernesto Ruffo Appel permanecía bajo la medida de prisión preventiva oficiosa desde el mes de julio del presente año. Las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República señalan al exgobernador como presunto líder de una estructura delictiva dedicada a la introducción ilegal de combustible desde la frontera con Estados Unidos hacia el territorio nacional mediante transporte ferroviario, operación que presuntamente causó un daño económico al erario federal superior a los 4 mil millones de pesos.
El cumplimiento de la orden judicial requerirá un periodo de 48 horas para la gestión de los trámites administrativos y la coordinación logística entre las autoridades penitenciarias. La Guardia Nacional asumirá la responsabilidad del traslado del imputado hasta la vivienda donde ha residido durante los últimos 14 años.
Como parte de las obligaciones fijadas para garantizar el sometimiento al procedimiento legal sin necesidad de brazalete electrónico, el juez impuso la prohibición explícita de abandonar el territorio nacional y el deber de efectuar una comunicación por videollamada cada día ante las autoridades de la Unidad de Medidas Cautelares.
ARIEL HERNÁNDEZ
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