Definitivamente EU anda con todo, pues las acusaciones contra Rocha Moya no fueron suficiente, y ahora la Casa Blanca está investigando a otros gobernadores mexicanos por presuntos nexos criminales.
La polémica tomó fuerza desde abril pasado, cuando autoridades estadounidenses presentaron una acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalan por supuestos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con documentos judiciales difundidos por la fiscalía estadounidense, también aparecen otros funcionarios relacionados con su administración.
Estados Unidos advierte más investigaciones
El tema no quedó ahí. Días después, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que existían múltiples investigaciones en curso contra figuras políticas mexicanas e incluso contra un juez.
Ahora, un reporte publicado por Los Angeles Times asegura que las autoridades estadounidenses también investigan a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por supuestos vínculos con el narcotráfico. El medio señala que ambos habrían perdido sus visas estadounidenses mientras avanzan las pesquisas, aunque hasta el momento no se han presentado acusaciones formales en su contra.
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El caso de Marina del Pilar
Otro nombre que apareció en medio de la controversia fue el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. En 2025 confirmó que Estados Unidos canceló su visa de turista y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres.
La mandataria ha insistido públicamente en que la medida fue administrativa y no representa una acusación penal. Durante una conferencia afirmó que la cancelación de la visa no implica la comisión de un delito y sostuvo que mantiene la conciencia tranquila.
“Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta (…) Estoy tranquila y con la conciencia limpia, pero algunos han querido convertir esta situación en arma política”, señaló.
Así que, lo que comenzó como una acusación en Sinaloa por parte de EU, ya está sumando a más gobernadores mexicanos por presuntos nexos criminales y las consecuencias para todo el país podrían ser muy graves.
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