Gobierno federal investiga a Jorge Amílcar, amigo de Andy
El Gobierno federal investiga a Jorge Amílcar Olán, señalado por presunto contrabando de combustible y un millonario perjuicio fiscal.
La presidencia de la república indicó una indagatoria penal y administrativa contra el empresario Jorge Amílcar Olán por contrabando de combustible. La mandataria federal detalló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno poseen expedientes sobre el caso.
El diario Reforma documentó una solicitud de la Secretaría de Hacienda a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejercer acción legal contra los propietarios de Portacelis Gas and Oil. La empresa tabasqueña tramitó ciento treinta y nueve pedimentos de importación de combustibles mediante ferrotanques con datos falsos. El perjuicio fiscal calculado asciende a ochocientos treinta y cuatro millones de pesos.
La administración federal suspendió sesenta y tres permisos aduanales tras detectar irregularidades relacionadas con la introducción ilegal de petrolíferos. Los cambios en la legislación aduanera otorgan facultades para sancionar a agentes aduanales corresponsables de ilícitos. La recaudación aduanera registró un incremento respecto a periodos previos, a pesar de variaciones cambiarias recientes.
La titular del Ejecutivo solicitó a la fiscalía general presentar un informe detallado sobre la participación de elementos de la Secretaría de Marina en las operaciones ilícitas. Respecto a la revocación de la visa estadounidense de un familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la administración federal exigió la presentación de pruebas documentales antes de emitir juicios.
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Medios de comunicación señalaron presuntos nexos comerciales entre la red empresarial y células delictivas en el sureste mexicano. La presidencia reiteró que las acciones gubernamentales proceden exclusivamente con base en evidencias técnicas y científicas integradas en las carpetas ministeriales de la fiscalía.
Las dependencias gubernamentales mantienen abiertas diversas líneas de indagación sobre contratos públicos otorgados previamente en la región sur del país. Las autoridades hacendarias analizan la documentación financiera para rastrear transferencias bancarias asociadas con las operaciones irregulares de importación.
El marco normativo vigente establece sanciones específicas para quienes introduzcan petrolíferos al territorio nacional omitiendo el pago de aranceles correspondientes.
La Agencia de Aduanas de México coordina supervisiones operativas en los puntos fronterizos y marítimos para inhibir prácticas de evasión fiscal. Durante las jornadas recientes, los equipos jurídicos revisaron cada folio mercantil disponible en los registros públicos para robustecer las carpetas de investigación correspondientes en las oficinas centrales de la capital del país, mientras los inspectores aduanales intensificaron las auditorías técnicas sobre los inventarios corporativos fiscalizados.
Los peritos contables examinaron los balances financieros trimestrales para rastrear operaciones comerciales atípicas detectadas durante los ejercicios fiscales pasados en territorio tabasqueño.
ARIEL HERNÁNDEZ
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