Desfalco millonario en Singuilucan: presidenta revela controversia por 80 MDP
El municipio fue embargado este martes por un adeudo de años en materia de laudos laborales
Singuilucan enfrenta embargo histórico por deudas millonarias
En medio de una tormenta financiera que parece no tener fin, el municipio de Singuilucan vive uno de los capítulos más críticos de su historia reciente. La alcaldesa Yazmín Dávila prendió las alertas al revelar que el monto total de las deudas y controversias financieras que enfrenta su administración asciende a nada más y nada menos que 80 millones de pesos. Y eso no es todo: el municipio ya fue embargado.
Tribunal embarga cuentas e inmuebles clave
Este 22 de abril, personal del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, acompañado por funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ejecutó un embargo que dejó al gobierno local sin acceso a sus cuentas bancarias. Sí, como lo lees: desde hoy, Singuilucan no puede tocar un solo peso de sus fondos públicos hasta nuevo aviso.
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El embargo responde a un laudo laboral ganado por 24 ex trabajadores que exigieron el pago de poco más de 21 millones de pesos por derechos y prestaciones acumuladas desde la administración 2012-2016. Y aunque el fallo es contundente, la situación está lejos de resolverse.
Pero no solo las cuentas están congeladas. También fueron embargados inmuebles clave como el Palacio Municipal, la Casa de Salud de El Susto, la capilla de San Joaquín y hasta terrenos destinados a futuros proyectos, como un nuevo panteón en El Caraballo.
Mala gestión anterior dejó al municipio en quiebra
“Este es solo uno de cinco procedimientos laborales que enfrenta el municipio”, explicó la presidenta, quien además lamentó que su administración haya heredado problemas legales sin defensas adecuadas. El total de estos cinco casos suma cerca de 30 millones de pesos, sin contar otros 70 juicios laborales que aún están en proceso. De esos, 61 ya se consideran prácticamente perdidos.
Según Dávila, la respuesta está en una mala gestión anterior. Entre los focos rojos, destaca una deuda de 14.1 millones de pesos con el SAT por retención indebida de ISR, casi 22 millones en cheques girados al exalcalde sin justificación, 1.2 millones de recurso federal sin comprobar para infraestructura cultural, y varios pagos irregulares por feria, ayudas sociales y nóminas.
¿El resultado? El municipio está vetado de programas federales, tiene abiertas varias carpetas de investigación por peculado y corrupción y opera con un presupuesto actual de 95 millones de pesos, mientras intenta cubrir deudas que lo superan por completo.
Alcaldesa busca salidas legales y apoyo estatal
La presidenta no se quedó de brazos cruzados. Ya presentaron impugnaciones ante instancias federales y buscan revocar el embargo, asegurando que muchos de los bienes en cuestión deberían ser inembargables. Al mismo tiempo, proponen un modelo de austeridad, posibles recortes salariales a regidores y síndicos, y el respaldo del gobierno estatal y federal para salir del hoyo.
“Como ciudadana no comparto que alguien que estuvo al servicio del pueblo hoy quiera ver esto como un negocio. Como presidenta, sé que hay que pagar, pero no a costa de dejar al municipio sin operación”, sentenció Dávila, quien insistió en que su administración está comprometida con la transparencia y con llevar a los responsables ante la justicia.
ENRIQUE GUTIÉRREZ
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