Próxima semana podrían dictar sentencia por triple feminicidio
Especialistas presentaron desglose de impacto socioeconómico de víctimas indirectas
Luego de la comparecencia de dos peritos de la Procuraduría, las asignadas al caso como trabajadora social y la otra como psicóloga, concluyó el desahogo de testimonios en la fase de individualización de sanciones por el triple feminicidio de Santiago Tulantepec. Por ello, en la siguiente audiencia podría dictarse una sentencia en contra de los tres responsables de tal crimen.
Así se constó la noche del jueves 5 de noviembre, cuando en audiencia pública, desfilaron ante el tribunal colegiado las dos especialistas que atendieron a la señora Balbina y al señor Marcial, padres de dos de las tres mujeres que fueron asesinadas el pasado 30 de julio de 2024 en la localidad de San Isidro del referido municipio.
En primera instancia, la perito terapeuta adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Silvia Salgado Castro, detalló que tras 44 sesiones con las víctimas indirectas, determinó que ambas personas presentan un “duelo traumático complejo”.
Sustentada en técnicas como la entrevista y la observación, bajo el método inductivo-deductivo, abundó que los padres de Guadalupe y Jocelyn padecían depresión, tristeza, desesperanza, cambios en el sueño, desgaste físico, pensamientos recurrentes de lo sucedido, por lo que su diagnóstico es que padecían un “impacto psicológico devastador”.
Por tanto, su recomendación especializada fue que ambos continúen en terapia, toda vez que es imposible determinar hasta cuándo estarán sanados mentalmente. Incluso, acotó que esta condición podría no llegar nunca.
Sin embargo, expuso que, una vez que se determine una reparación del daño en materia psicológica, el Estado dejará de proveer este servicio gratuito y corresponderá a las víctimas buscar ayuda en servicios particulares.
Afectaciones socioeconómicas de los padres
En segunda instancia, la perito en trabajo social también adscrita a la Procuraduría, Victoria Franco Amador, detalló los alcances encontrados cuando sostuvo el estudio socioeconómico para la misma pareja de padres.
Ella llegó a la conclusión de que en efecto, los gastos derivados de funerales, velación, rosarios, entre otros, representaron una afectación para la pareja, al ser ambos personas con trabajos informales, sin prestaciones laborales y que además fueron clasificados en el Grupo D de nivel socioeconómico.
En ese tenor, la especialista abundó que al ser originarios de Atzinco, Zacatlán en Puebla, mantienen usos y costumbres en torno al ritual de la muerte, lo que calificó como “un acto social total”.
Ello se vio reflejado en un gasto de hasta 80 mil 200 pesos de gastos religiosos: misas, novenarios, alzada de cruz, además de compra de alimentos para gran parte de los habitantes de la comunidad que acompañaron a la familia a lo largo de los nueve días de exequias.
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En suma con los servicios funerarios, generación de actas, traslados, entre otros gastos, la Trabajadora Social estima que el daño total en esta materia fue de hasta 221 mil 968 pesos, únicamente en lo referente a gastos generados a partir de la muerte de sus hijas.
Cabe mencionar que en torno a los gastos religiosos, el abogado Ernesto Romo, representante de Omar N., catalogado el autor intelectual de los feminicidios, cuestionó a la perito el cómo y por qué se consideraron en la reparación del daño; los 20 años de experiencia de la especialista bastaron para justificar que para esta comunidad poblana, la muerte es algo que cierne a todos y por tanto todos se suman a la despedida y acompañamiento. En respuesta, la familia ofrece alimentos por cortesía.
Incluso, la jueza hizo un llamado de atención al litigante Romo, luego de que intentó confundir a la perito con preguntas compuestas y respuestas tácitas en los cuestionamientos.
“Si hay duda de cuánta gente fue a los funerales, Omar fue testigo de cuánta gente hubo porque él estaba ahí con nosotros”, exclamó el padre de las víctimas al cierre de la audiencia, en alusión a lo que refirió la jornada anterior cuando aseveró que el feminicida todavía tuvo el atrevimiento de acompañar a Marcial y Balbina -entonces sus suegros- al funeral de Guadalupe y Jocelyn.
Es importante mencionar que sobre las otras víctimas indirectas, la señora Mónica y el señor Esaú -madre y esposo de la tercer mujer asesinada, respectivamente- no se detallaron impactos económicos o sociales, tampoco se precisó si el Estado les aseguró el acompañamiento terapéutico.
En la próxima audiencia, según indicó la jueza titular del tribunal colegiado, corresponderá a los abogados presentar sus respectivos alegatos de clausura de la actual fase. En tanto, podría haber un dictado de sentencia para los tres culpables basado en lo que se desahogó hasta el momento.
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