El alcalde de Mineral de la Reforma, Eduardo Medécigo, puso sobre la mesa una realidad que incomoda a miles de familias en el municipio: la absoluta incapacidad jurídica del Ayuntamiento para desalojar a invasores de viviendas.
A pesar de que el edil califica esta situación como un problema serio y una herencia de administraciones pasadas, la normativa actual reduce al gobierno local a un espectador en los conflictos de propiedad privada.
Esta confesión surge en un contexto donde los vecinos reportan con mayor frecuencia la llegada de personas extrañas a inmuebles aparentemente abandonados, generando una sensación de inseguridad que la autoridad municipal no puede mitigar de forma directa.
La barrera de la propiedad privada
En entrevista para medios, Eduardo Medécigo explicó que el municipio carece de las facultades legales para ingresar a un domicilio o retirar a quienes presuntamente usurpan un inmueble.
La ley establece que solo el titular de la vivienda o la entidad financiera que otorgó el espacio, como por ejemplo Infonavit, poseen la legitimación para iniciar un proceso de recuperación.
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Según las declaraciones del alcalde, el Ayuntamiento solo puede intervenir si ocurre un delito o si existe una emergencia que requiera la presencia de Protección Civil.
Fuera de estos escenarios, la administración municipal debe esperar un mandato judicial específico, lo que deja a los ciudadanos en un limbo donde la policía local observa el problema sin poder intervenir físicamente en el desalojo.
Un censo para dimensionar la crisis
La falta de información precisa agrava la percepción de descontrol en los fraccionamientos. Medécigo admitió que actualmente no cuentan con un dato específico sobre qué zonas presentan la mayor incidencia de invasiones, ya que el fenómeno se manifiesta de forma irregular en todo el territorio de Mineral de la Reforma.
Para combatir esta problemática, el gobierno municipal activó un levantamiento de datos mediante enlaces que recorren las colonias para diferenciar las casas en simple estado de abandono de aquellas que ya sufren una ocupación ilegal.
El llamado a las instituciones financieras
Eduardo Medécigo enfatizó que el Secretario de Gobierno ya convocó a reuniones donde participó el Infonavit para buscar soluciones conjuntas.
El alcalde reiteró que, aunque el Ayuntamiento desea actuar de manera más directa, la ley impone un muro de respeto a la propiedad privada que solo se puede derribar mediante procesos jurídicos largos y complejos que los dueños o bancos deben encabezar.
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