La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la constitucionalidad del impuesto del 2% a plataformas digitales en la Ciudad de México. Se espera que hoy se publique el dictamen oficial sobre este proyecto de Ley.
Impacto económico del gravamen digital
Miles de repartidores y pequeños negocios podrían ver afectada su economía diaria si se aprueba este impuesto. Se alertó sobre las consecuencias, indicando que el impacto se extenderá a usuarios, conductores y sus familias, influyendo en el futuro del empleo en la economía digital mexicana.
Organizaciones de la sociedad civil exigen a la SCJN que, al considerar el impuesto, valore los puntos negativos que conlleva rechazar el recurso de amparo presentado por una empresa asociada.
Argumentos contra el impuesto a plataformas
Este amparo fundamenta la revisión del impuesto, que afecta a la naturaleza del desarrollo digital. Se dio a conocer un comunicado donde se expone que el nuevo impuesto representa un desafío significativo para el ecosistema de plataformas que sustenta a miles de trabajadores. Se denuncia un trato fiscal discriminatorio en comparación con otros prestadores de servicios similares.
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También se subrayan las dudas respecto al cumplimiento de compromisos comerciales internacionales firmados por México, especialmente bajo el T-MEC. Los pequeños y medianos negocios que dependen del servicio de reparto y los millones de consumidores que utilizan estas plataformas todos los días enfrentarán consecuencias económicas.
Antecedentes de la controversia legal
En junio, la SCJN dictaminó que la propuesta del Congreso de la Ciudad de México era inconstitucional. Este gravamen fue visto como un “aprovechamiento” encubierto del uso de calles y vialidades, además de que se determinó que legislar sobre comercio electrónico corresponde al Congreso de la Unión y no al local.
Hasta el momento, ninguna autoridad indica la existencia de un amparo que obligue a la SCJN a revisar la ley de impuesto sobre las plataformas digitales. Esta revisión marcará un punto crítico en la regulación de la economía digital en México.
ARIEL HERNÁNDEZ
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