La Fundación Arturo Herrera Cabañas rechazó que en sus instalaciones operara una cafetería, integrantes de la organización afirmaron que el espacio señalado por el gobierno estatal funcionaba únicamente como una barra de café de uso interno.
Tonatiuh Herrera, miembro de la fundación, aclaró que el área señalada como cafetería no se trataba de un negocio abierto al público.
Además, detalló que cualquier ingreso que pudiera generarse se destinaba al autofinanciamiento de la fundación, ya que los costos de operación del inmueble resultan elevados, especialmente en servicios básicos como agua y electricidad.
Asimismo, indicó que es la propia organización quién realizan la inversión para el mantenimiento del inmueble y para garantizar la operatividad del espacio.
Fundación acusa falta de apoyos desde la pandemia
Por otra parte, Tonatiuh Herrera puntualizó que desde la pandemia la fundación no ha recibido inversiones ni apoyos por parte de los gobiernos federal o estatal, situación que obligó a los integrantes a buscar alternativas para mantener el recinto.
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También cuestionó que autoridades estatales hablen ya de la instalación de un nuevo museo en el inmueble, a pesar de que la fundación continúa ocupando el espacio.
En ese contexto, Irma Eugenia Gutiérrez, presidenta de la fundación, informó que la organización permanece a la espera de más información sobre el amparo interpuesto para defender su permanencia en el inmueble.
Debate llega al Congreso de Hidalgo
El conflicto también llegó al Congreso del Estado de Hidalgo. Durante la discusión, la diputada Tania Meza llamó a la bancada de Morena a respetar a quienes promovieron la izquierda en la entidad y que forman o formaron parte de la Fundación Arturo Herrera Cabañas.
La legisladora defendió la permanencia de la fundación en el inmueble al considerar que forma parte de la historia política y cultural del estado.
Sin embargo, el debate se abrió con el posicionamiento de las diputadas Lizbeth Ordaz, Mónica Reyes e Hilda Miranda, quienes respaldaron la recuperación del espacio por parte del gobierno estatal.
Las legisladoras señalaron que la fundación puede continuar con sus actividades, aunque en otro lugar, y subrayaron que no se deben seguir defendiendo intereses personales en torno al inmueble.
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