La falta de personas intérpretes de lenguas indígenas continúa como un reto para garantizar el acceso a la justicia en Hidalgo, situación que ha provocado que diversos procesos legales no se desarrollen de manera adecuada.
Ante este panorama, el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Prisco Manuel Gutiérrez, informó que la dependencia cuenta con alrededor de 235 intérpretes que asigna directamente a juzgados y ministerios públicos. De ese total, cerca de 200 personas cuentan con certificación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), lo que les permite desempeñarse como intérpretes y traductores durante procedimientos judiciales.
Asimismo, explicó que la comisión trabaja para incorporar a más personas indígenas a este padrón, ya que quienes dominan de manera oral y escrita su lengua materna pueden certificarse y brindar apoyo a integrantes de sus comunidades. Además de fortalecer la defensa de los derechos de los pueblos originarios, los intérpretes reciben hasta mil 700 pesos por cada sesión, ingreso que también representa un reconocimiento a sus habilidades lingüísticas.
VER MÁS: “Alas de Excelencia” el premio para la tradición en Tulancingo
Analizan hasta 70 casos de indígenas que podrían obtener su libertad
Por otra parte, Prisco Manuel Gutiérrez dio a conocer que actualmente existen personas indígenas privadas de la libertad en la Huasteca, la región Otomí-Tepehua y Pachuca, quienes participan en procesos de excarcelación para determinar si pueden recuperar su libertad.
Detalló que estos procedimientos contemplan diversos supuestos, como el cumplimiento de la mayor parte de la sentencia, que la fianza resulte accesible y pueda cubrirse con apoyo del Gobierno Federal o Estatal, o bien que durante el procedimiento judicial no se haya respetado el debido proceso. En este momento, alrededor de 70 casos se encuentran en análisis, y cada uno puede resolverse en un periodo que va de tres meses hasta más de un año, dependiendo de sus características.
El funcionario agregó que los delitos por los que estas personas enfrentan procesos abarcan desde robos hasta la privación de la vida. Por ello, señaló que cada expediente requiere una revisión jurídica especializada para cumplir con la ley, proteger los derechos de las víctimas y sus familias, así como garantizar que los usos y costumbres de los pueblos originarios no vulneren los derechos humanos.
Si quieres enterarte de más, síguenos en Facebook, YouTube o bien en TikTok.
