
La Secretaría de Relaciones Exteriores modificó la clasificación de reserva sobre las peticiones de detención con fines de extradición procedentes del gobierno de Estados Unidos hacia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.
Mediante un comunicado, la dependencia informó que la apertura es una instrucción de la presidenta, ante solicitudes de acceso sobre la situación de ambos funcionarios.
La disposición establece la liberación de archivos de la dependencia, con exclusión de las notas diplomáticas vinculadas a procesos en los tribunales.
Esta acción administrativa revierte el acuerdo de la cancillería que decretaba un bloqueo de acceso por un periodo de cinco años sobre el intercambio de oficios y los reportes informativos referentes a las indagatorias por nexos con organizaciones del narcotráfico.
La Fiscalía General de la República mantiene un régimen de excepción sobre el cuestionario aplicado a Rubén Rocha Moya en el mes de mayo.
Por ello el organismo determinó, mediante oficio de la unidad de transparencia, que las preguntas del interrogatorio permanecerán bajo resguardo por un periodo que concluye en el año dos mil treinta y uno.

Se reservó información para evitar filtraciones: SRE
La institución justificó con el argumento de resguardar el desarrollo de las líneas de investigación y evitar la alteración de elementos de prueba conducentes.
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La divulgación de documentos, según el criterio de la institución, afectaría la capacidad para el desahogo de diligencias y afectaría derechos de personas bajo investigación, situación que generaría sanciones de tipo administrativo y penal para los servidores que vulneren el sigilo del expediente.
De igual manera, el funcionario compareció ante la representación para responder los requerimientos vinculados con indagaciones de origen exterior.
El marco legal impone a los servidores la obligación de guardar reserva de los registros en las carpetas de investigación. La difusión de estos datos implica responsabilidad legal.
¿Culpable o inocente?
El desahogo de pruebas y la acumulación de evidencias corresponden al Ministerio Público de la Federación, el cual evalúa los elementos.
Es por ello que los mecanismos de cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos regulan los intercambios de fichas de detención, pero la normatividad interna determina las restricciones de publicidad de los actos del proceso.

Las solicitudes de información buscaron conocer el estatus de las peticiones de extradición de los dos militantes, lo que originó la intervención del poder ejecutivo para ordenar la transparencia de expedientes de la cancillería, con excepción de la correspondencia de los tribunales.
La comparecencia de Rubén Rocha Moya ocurrió el 26 de mayo ante personal de la fiscalía. El ciudadano atendió los cuestionamientos de la agente del Ministerio Público Federal.
También los archivos señalan que el compareciente manifestó disponibilidad para presentarse ante los llamados de la autoridad encargada de la indagatoria en momentos posteriores.
Los documentos de la fiscalía estipulan que la entrega de información del interrogatorio generaría una afectación al proceso.
ARIEL HERNÁNDEZ