El caso de Paloma Nicole, una niña de apenas 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango, exhibe con crudeza una verdad incómoda, en México no existe una edad mínima establecida por ley para someterse a este tipo de cirugías.
Mientras países como Colombia, Inglaterra o Estados Unidos tienen reglas claras que protegen a menores de edad, aquí la ley se queda muda.
El gobierno presume lineamientos sanitarios, permisos y comités hospitalarios, pero ignora lo esencial: la protección de niñas, niños y adolescentes frente a una industria que crece.
No existe ninguna regulación
La COFEPRIS y las autoridades estatales se lavan las manos revisando papeles y licencias, como si un checklist burocrático pudiera reemplazar la responsabilidad ética de impedir que menores arriesguen la vida por vanidad o presión social.
¿De qué sirve que una clínica “cumpla la norma” si dentro se permite operar a una niña de 14 años?
La realidad es que México se ha convertido en el tercer país del mundo con más cirugías estéticas, sin importar que el costo lo paguen los más vulnerables.
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Este caso no es un accidente aislado, es consecuencia directa de un Estado que prefiere mirar hacia otro lado mientras la industria hace negocio.
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