La Fiscalía General de la República (FGR) anuló el acuerdo que le concedía a Rocha Cantú el beneficio de “testigo colaborador”.
La decisión se sustentó en tres elementos:
- Su inasistencia a dos citatorios judiciales.
- La omisión de comparecer ante la Fiscalía de Delincuencia Organizada para ser interrogado por la defensa de la ex agente del Ministerio Público, Mari Carmen Ramírez Rodríguez.
- La solicitud formal presentada el 10 de diciembre de 2025 por Alejandro Fabián Cordero, apoderado legal de Petróleos Mexicanos (Pemex), para retirarle dicho beneficio.
De testigo a prófugo de la justicia
El permiso de colaboración, que permitía suspender temporalmente la acción penal, había sido otorgado apenas 26 días antes. Con su revocación, Rocha Cantú volvió a la condición de prófugo.
Los documentos judiciales indicaron que permanecía fuera del país y que el delito que se le imputaba ameritaba prisión preventiva de oficio. Según el expediente, el empresario reconoció haber participado en el contrabando de combustible desde Guatemala. Afirmó que solo se involucró en dos operaciones con una inversión de 4.2 millones de pesos y una ganancia de 1.2 millones.
Órdenes de aprehensión y detención de socios
El 15 de noviembre de 2025, Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del mismo Centro de Justicia Penal Federal, había ordenado la aprehensión de Rocha Cantú, Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob”, y otros siete presuntos miembros de una red dedicada al tráfico de armas, drogas y combustible.
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Detuvieron el 16 de diciembre de 2025 a las 22:30 horas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a Jacobo Reyes León, identificado por la FGR como socio de Rocha Cantú y excomisario de Seguridad Pública en Acolman, Estado de México. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue trasladado al Penal del Altiplano, donde el juez Rosales Salazar lo vinculó a proceso por delincuencia organizada.
Argumentos de la FGR sobre fuga y documentos falsos
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público para solicitar el aseguramiento de Rocha Cantú indicaron que el domicilio que proporcionó para ser localizado no era habitado por él.
“Se puede advertir que el imputado no cuenta con un domicilio cierto y que el domicilio registrado había sido investigado y nunca había pernoctado allí”.
Los argumentos de la FGR afirmaron que Rocha Cantú salía del país constantemente, por lo que se desconocía su paradero.
“Además, se advierte que constantemente viajaba de un país a otro, lo que generaba una probabilidad muy alta de que ya no regresara a territorio mexicano y de esta forma se sustraiga de la acción de la justicia”, aseguró la FGR.
Según las investigaciones del Ministerio Público, las supuestas relaciones que tenía con el crimen organizado le permitieron obtener documentos apócrifos para salir de México.
“Aunado a lo anterior, de las investigaciones realizadas, se observó el contacto frecuente que tienen los elementos de la célula delictiva con autoridades que les propician las facilidades para obtener documentos con los que pueden ocultar o variar su identidad, a fin de no ser localizados”, cita el expediente.
ARIEL HERNÁNDEZ
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