PGJEH reporta 282 procesos contra exfuncionarios
El titular de la Procuraduría hidalguense resaltó la detención y procesamiento de objetivos prioritarios
La comparecencia de Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), estuvo marcada por cuestionamientos sobre personas desaparecidas, el asesinato de un estudiante del Mexe y la actuación ministerial en casos de violencia contra mujeres y familias.
Entre los resultados presentados, el funcionario informó que la Procuraduría ha conseguido 282 vinculaciones a proceso contra exservidores públicos durante los últimos cuatro años, de las cuales 78 corresponden al último periodo anual reportado. En ese universo se encuentran 46 expresidentes municipales, incluidos 11 que fueron vinculados a proceso durante el último año.
Hasbun también reportó 32 sentencias de extinción de dominio, nueve condenas por feminicidio con penas de hasta 50 años de prisión y una sentencia de 75 años por trata de personas con fines de trabajos forzados.
Los resultados fueron expuestos ante legisladores de todas las bancadas, quienes plantearon dudas sobre el rezago en las investigaciones, la atención a víctimas y los avances en casos específicos.
Desaparición de personas: 913 reportadas, 716 localizadas
La desaparición de personas fue uno de los temas centrales de la ronda de preguntas. La diputada morenista Liz Ordaz pidió información sobre las acciones de búsqueda y los resultados obtenidos por la Procuraduría.
En respuesta, Fernández Hasbun informó que se han iniciado 848 carpetas de investigación por desaparición, relacionadas con 913 personas reportadas como desaparecidas. De ellas, 716 fueron localizadas, 55 sin vida, mientras que el funcionario señaló que todavía faltaba localizar a 133 personas.
Sin embargo, las cifras presentadas no coinciden aritméticamente: si de las 913 personas se resta a las 716 localizadas, quedan 197 sin localizar, no 133. Además, el funcionario señaló por separado que se recuperaron 111 cuerpos y que 90 ya fueron restituidos a sus familiares, cifras que no detalló cómo se relacionan con el total de personas desaparecidas.
En el cuestionamiento ciudadano se abordó el asesinato de un estudiante de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, conocida como El Mexe. Sobre este caso, el encargado de la Procuraduría afirmó que existen tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
“El día de hoy contamos con tres órdenes de aprehensión que en cualquier momento serán ejecutadas, estamos en los trámites administrativos”, declaró.
En ese tenor, el diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Alcántara, cuestionó la actuación de las autoridades en la comunidad de Cañada, en Atotonilco de Tula, donde recientemente fueron exhumados cuerpos de un terreno utilizado para una inhumación no autorizada.
El legislador pidió aclarar quién autorizó el procedimiento y dónde se encuentran actualmente los restos, ante la preocupación de los familiares por conocer su ubicación.
Fernández Hasbun respondió que la Procuraduría autorizó la exhumación para impedir que continuara cometiéndose un delito, en este caso la inhumación ilegal. Explicó que el procedimiento se realizó a las tres de la mañana por razones operativas y que fue el gobierno municipal el que llevó a cabo los trabajos.
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“Para que la gente del municipio no se quede con ninguna duda, la exhumación se realizó a las 3 am por un tema operativo, la autorización la hizo la Procuraduría para evitar que se siguiera cometiendo un delito”, señaló.
Sobre el destino de los cuerpos, aseguró que permanecen en el panteón municipal de Atotonilco de Tula.
Violencia contra las mujeres y el entorno familiar
Las investigaciones por violencia contra las mujeres y el entorno familiar también fueron motivo de cuestionamientos. Ante las preguntas de legisladoras sobre el porcentaje de carpetas iniciadas por violencia familiar y feminicidio, Fernández Hasbun dijo que existen 19 carpetas de feminicidio pendientes de concluir.
En su informe, reportó que 5 mil 322 personas fueron vinculadas a proceso por delitos de violencia sexual y contra la familia, de las cuales mil 722 corresponden al último año reportado. También refirió 437 sentencias en materia de violencia familiar.
El encargado de la Procuraduría defendió la atención que brinda la institución a estos casos y afirmó:
“Nosotros siempre estamos a favor de las mujeres y a favor de la familia”.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Karla Perales Arrieta, cuestionó los mecanismos de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, particularmente para evitar que sean revictimizados durante las investigaciones.
En respuesta, Fernández Hasbun explicó que la institución cuenta con un sistema especializado que utiliza juguetes, imágenes y películas para facilitar la atención de las víctimas menores de edad.
“En el momento en el que tenemos como víctimas (…) hay un sistema en específico que los trata con juguete, imágenes con películas (…) eso nos ayuda a no revictimizarlos”, indicó.
En materia de feminicidio, el funcionario informó sobre nueve sentencias condenatorias, con penas de hasta 50 años de prisión. También destacó una condena de 75 años por trata de personas con fines de trabajos forzados y otra de 56 años por desaparición agravada.
Rezago de investigaciones
El diputado priista Marco Mendoza Bustamante cuestionó el rezago de investigaciones en la Procuraduría, al señalar que, de acuerdo con cifras del INEGI, la institución acumula alrededor de 120 mil carpetas pendientes.
“Una justicia tardía no es justicia (…) es un tema de derechos humanos”, expresó el legislador.
Fernández Hasbun respondió que durante su gestión se ha reducido el rezago en más de 50 mil carpetas, lo que representa un avance de 32 por ciento, y anticipó que la dependencia espera disminuirlo entre 20 y 30 por ciento adicional durante el siguiente año.
Extorsión y delitos de alto impacto
Por su parte, la diputada morenista Cinthya Delgado cuestionó el comportamiento de las denuncias por extorsión y las medidas previstas para combatir este delito.
Fernández Hasbun anunció que a principios de 2027 se prevé contar con una Fiscalía Especializada en el Delito de Extorsión. Como parte del balance actual, informó que se iniciaron 82 carpetas de investigación y se obtuvieron cinco sentencias por este ilícito.
En cuanto a las investigaciones de alto impacto, aseguró que la institución alcanza alrededor de 90 por ciento de vinculaciones a proceso en los casos de este tipo.
Robo de hidrocarburos y narcomenudeo
La diputada priista Johana Hernández cuestionó las acciones contra el robo de hidrocarburos en Cuautepec y Tula, así como la presencia de narcolaboratorios y la violencia contra las mujeres en esas regiones.
En su exposición, el encargado de la Procuraduría reportó la desarticulación de 50 células delictivas relacionadas con narcomenudeo y robo de hidrocarburos. En el caso de Tula, señaló que se desarticularon 23 células y que más de mil 100 personas fueron vinculadas a proceso.
También informó sobre la detención y procesamiento de 26 objetivos prioritarios, de los cuales 14 operaban en Tula, Ixmiquilpan y Pachuca, de acuerdo con el balance general. En otro momento de su intervención, señaló que 11 de esos objetivos eran detonadores de violencia en distintas zonas del estado.
En el combate a las drogas, reportó la realización de mil 298 cateos y la detención de 2 mil 490 personas por delitos relacionados con narcóticos.
En materia de secuestro, destacó nueve sentencias con penas de hasta 160 años de prisión y una reducción de 54 por ciento en la incidencia de este delito. Además, informó del rescate de nueve víctimas.
Otros resultados de la Procuraduría
Durante la comparecencia, Fernández Hasbun presentó los siguientes indicadores de la dependencia:
- Órdenes de aprehensión: mil 163 durante el periodo reportado y 4 mil 434 en los últimos cuatro años.
- Acuerdos reparatorios: 16 mil 257.
- Robo de vehículos: reducción de 26.61 por ciento.
- Atención digital: implementación de denuncia en línea y mediación en línea.
- Protección animal: 92 carpetas iniciadas en la fiscalía especializada y 103 animales rescatados, algunos de los cuales son entregados a municipios para su adopción.
- Justicia para adolescentes: 56 casos vinculados a proceso; entre los delitos señalados con mayor frecuencia figuran amenazas, lesiones dolosas y abuso sexual.
Asimismo, informó que más de la mitad del personal de la institución son mujeres y que existe colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para fortalecer las investigaciones de trata de personas y lavado de activos.
Sancionan a funcionarios por consumir alcohol en instalaciones
En otros temas, la diputada panista Claudia Lilia Luna Islas cuestionó un video en el que presuntamente aparecen funcionarios de la Procuraduría consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la dependencia.
Fernández Hasbun reconoció que la conducta fue reprochable e informó que los involucrados fueron suspendidos durante un mes sin goce de sueldo.
“Es reprochable lo que hicieron (…) se suspendió un mes sin goce de sueldo, y créanme que esto no vuelve a suceder. Con eso se echó a perder todo el trabajo. Que entiendan que aunque fue una fecha navideña, no es una excusa. No lo permitiré jamás otra vez y jamás lo toleraré”, afirmó.
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