Transportistas en pie de lucha: Detienen unidades de la app Pronto en Tulancingo
Anteriormente, el gobierno municipal había dicho que esta aplicación no tenía permisos estatales para entrar en operaciones, amagan con enfrentamientos
Tulancingo se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre los concesionarios del transporte público y las plataformas digitales. Y es que recientemente, la Secretaría de Movilidad y Transporte aseguró seis vehículos por operar mediante la aplicación Pronto, un servicio que, según autoridades y transportistas, es totalmente ilegal.
Denuncias y operativos contra transporte ilegal
Todo comenzó con la denuncia de que varios autos particulares estaban ofreciendo transporte convencional sin contar con permisos. Esto encendió las alertas entre los concesionarios, quienes exigieron acciones inmediatas. La presión funcionó, y los operativos arrancaron.
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Sobre ello, Jaime Luqueño, líder transportista de la región, señaló que el director del transporte en el estado se comprometió a hacer operativos en Tulancingo y como resultado, sentencia, ya hay cinco unidades detenidas, ya que ese servicio está fuera de la ley, no está autorizado.
Transportistas exigen claridad y seguridad
Pero los concesionarios no quieren que la cosa quede solo en decomisos. Exigen que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT) haga pública la ilegalidad de la plataforma.
“La gente sigue siendo engañada y será defraudada”, añadió Luqueño.
Y es que, según los propios transportistas, el problema va más allá del servicio en sí: temen represalias y enfrentamientos:
“Por eso le hemos pedido a la autoridad que intervenga para evitar esa desestabilización social aquí en Tulancingo; nos preocupa, por eso hemos ejercido presión, de no existir esa calma se corre el riesgo a una alteración social”, advirtió Arturo Lira Castelán, otro concesionario, quien no descartó que la situación se salga de control, como ya ha ocurrido en otros estados.
Por su parte, el transportista Raúl Alcíbar fue tajante:“es un agravio para el erario público del estado y en el artículo 344 de la Ley de Transporte, señala que quien haga los servicios sin la autorización correspondiente tienen una multa de 700 UMAS (Unidad de Medida y Actualización”.
“Esas personas siguen dando el servicio, pero estamos unidos, somos concesionarios en el transporte público del estado, pagamos un impuesto anual, pagamos engomados, pagamos placas y es injusto que venga una aplicación sin cumplir con los requisitos correspondientes para poder brindar el servicio”, agregó.
Los concesionarios insisten en que ellos sí cumplen con todos los requisitos que garantizan un viaje seguro para los usuarios: seguros para pasajeros, revisión de antecedentes penales, domicilio y credencial de elector de los choferes.
“La verdad es un riesgo para la ciudadanía, lo que queremos es que la gente viaje segura”, dijeron.
Por lo pronto, la aplicación Pronto sigue operando de forma intermitente en Tulancingo, pero los transportistas ya advirtieron: si las autoridades no frenan esto, ellos mismos podrían tomar cartas en el asunto.
ENRIQUE GUTIÉRREZ
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