En el corazón de la capital venezolana, los movimientos Tupamaro emergieron en la década de los 90, inspirados por un grupo guerrillero uruguayo. Con el tiempo, se convirtieron en un actor relevante en la defensa del gobierno chavista.
Aunque algunos los consideran defensores de la comunidad, su intervención ha generado divisiones. Su participación en el golpe de Estado de 2002 fue crucial para que Hugo Chávez recuperara el poder, consolidando su imagen como defensores del socialismo bolivariano, y al mismo tiempo, llevándolos a ser acusados de represión.
La doble cara de los colectivos
Los colectivos, como los Tupamaros, actúan como guardianes del modelo chavista, mientras que también participan en actividades delictivas como el narcotráfico. Estos grupos han establecido vínculos con organizaciones paramilitares colombianas, como Los Rastrojos.
Según especialistas, han recibido entrenamiento militar y armamento, lo que les permite ejercer control en áreas específicas de Caracas. Aunque algunos residentes los ven como protectores, la rivalidad entre ellos y el uso de la violencia socavan esta percepción.
El narcotráfico ha permitido que estos colectivos diversifiquen sus ingresos, utilizando los recursos económicos para financiar iniciativas sociales de manera ambigua.
En los últimos años, han actuado como instrumentos del gobierno para reprimir movimientos opositores, utilizando tácticas violentas contra la disidencia y colaborando con fuerzas policiales en el uso de armamento de alto calibre.
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Cambio de gobierno y nuevos desafíos
La reciente captura de Nicolás Maduro plantea preguntas sobre el futuro de los Tupamaros. En un contexto incierto, surge la interrogante sobre si estos grupos conservarán su influencia o se fragmentarán. Delcy Rodríguez, en un papel central en el nuevo gobierno, deberá abordar la relación entre el poder estatal y estos colectivos.
El reto radica en mantener la resistencia social y el desarrollo económico en un entorno donde el crimen organizado colisiona con el control político. La memoria histórica y las raíces culturales se vuelven cruciales en la lucha por redefinir el futuro de Caracas y la supervivencia de sus comunidades ante la adversidad.
Colectivos Chavistas: “Herederos de la lucha armada”
Los colectivos chavistas son considerados “herederos de la lucha armada” en Venezuela y se ubican en los barrios del oeste de Caracas, especialmente en el barrio 23 de enero. No son homogéneos, y a menudo presentan rivalidades e incluso enfrentamientos armados por el control territorial.
Estos grupos actúan como dueños de las zonas que ocupan, defendiendo la revolución bolivariana, con una variedad de armamentos y grupos de choque que utilizan para agredir a quienes consideran opositores al modelo. Su papel incluye ejercer una “disciplina” dentro de su territorio, aplicando su propio código de honor. Además, afirman mantener los índices de criminalidad por debajo de la media nacional.
Cientos de colectivos operan en Venezuela, pero los más peligrosos cuentan con armamento sofisticado, incluyendo fusiles rusos y granadas de gases lacrimógenos. Grupos como Carapaicas y Tupamaros han sido entrenados militarmente por guerrillas, y mantienen relaciones con bandas paramilitares, como Los Rastrojos, que les proveen armamento.
El gobierno financia a estos colectivos a través de programas sociales, otorgándoles fondos para iniciativas culturales y actividades de distribución de alimentos. Sin embargo, además de su fachada social, combinan sus actividades políticas con el narcotráfico y otros delitos.
Hugo Chávez brindó apoyo a estos grupos, pero Nicolás Maduro perdió el control sobre muchos de ellos, así como sobre parte del partido de gobierno. Algunos colectivos aún le responden, pero otros operan bajo el dominio de figuras como Diosdado Cabello y Freddy Bernal.
Desde 2014, estos grupos han evolucionado en herramientas del chavismo para suprimir protestas opositoras. En colaboraciones con la policía militar, han reprimido movilizaciones, causando muertes y detenciones de líderes opositores. En los conflictos de 2017, reportes documentaron más de 20 muertes, incluidas intervenciones de colectivos en incidentes violentos.
ARIEL HERNÁNDEZ
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