La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta ley modifica el tratamiento legal de la extorsión en México con el propósito de fortalecer la respuesta institucional.
La iniciativa fue aprobada con 450 votos a favor en lo general, y 409 en lo particular. La ley recibió 33 votos en contra y una abstención.
La nueva legislación establece que el delito de extorsión se investigará y perseguirá de oficio. Esto significa que las autoridades podrán intervenir sin la necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima. La ley también permite que cualquier persona pueda reportar delitos de extorsión de forma anónima, porque el 96.7% de los casos no se denuncian por la desconfianza en las instituciones.
El documento establece una penalidad de 15 a 25 años de cárcel. Además, se contemplan multas que van de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Las sanciones pueden aumentar hasta 42 años de prisión cuando se presenten alguno de los 34 agravantes definidos en el dictamen, que incluyen el cobro de piso y la extorsión contra migrantes o menores.
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También se prevén sanciones específicas para servidores públicos; aquellos que no informen sobre actos de extorsión pueden enfrentar penas de 10 a 20 años de prisión.
Durante los primeros seis meses de 2025, las extorsiones aumentaron un 7% en comparación con el mismo período del año anterior.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la extorsión es el único delito que no ha logrado disminuir en su administración.
La nueva legislación busca homologar las sanciones en los 32 estados del país. Actualmente, cada estado tipifica e investiga la extorsión de manera distinta. Para que la ley entre en vigor, debe ser ratificada por la mayoría de los congresos locales.
La ley también establece un tipo penal único a nivel nacional, con penas que se elevan de cinco a 12 años si en la comisión del delito se utilizan dispositivos o plataformas electrónicas. Las penas para funcionarios que faciliten extorsiones oscilan entre tres a cinco años de cárcel. Además, se prevén medidas para el bloqueo inmediato de números telefónicos empleados para extorsiones.
La extorsión ha sido una práctica común en México, ejecutada frecuentemente por cárteles locales.
ARIEL HERNÁNDEZ
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