El gobierno de España anunció una prohibición digital que impedirá el acceso a redes sociales a menores 16 años, obligando a gigantes tecnológicos a reforzar la regulación plataformas con filtros que realmente funcionen. El argumento oficial suena contundente: proteger a adolescentes de un ecosistema que mezcla adicción, violencia, manipulación y contenido sexual sin control.
El presidente Pedro Sánchez soltó una frase que incendió el debate global: las redes sociales funcionan como un “Estado fallido”. Según su postura, los jóvenes navegan en un territorio sin ley donde el algoritmo premia el morbo, el odio y la desinformación.
Por eso, España no solo busca bloquear cuentas juveniles, también quiere que las empresas tecnológicas respondan legalmente si permiten delitos o discursos peligrosos dentro de sus plataformas.
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Pero la propuesta no se queda en el candado digital. El plan contempla sancionar a directivos que no eliminen contenido ilegal y crear auditorías que analicen cómo los algoritmos amplifican mensajes de odio. En pocas palabras, España pretende vigilar a las redes sociales como si fueran un espacio público que necesita policía, reglas y castigos.
Algunos especialistas celebran la prohibición digital porque consideran que los adolescentes enfrentan riesgos psicológicos reales. Otros creen que la estrategia podría abrir la puerta a censura, control gubernamental y limitación de libertades digitales. El dilema resulta enorme: proteger a menores o vigilar internet.
El debate también brinca a América Latina. En México ya existe un antecedente en Querétaro, donde limitaron el uso de redes a menores de 14 años, aunque la regulación no tiene el mismo alcance nacional. La pregunta es ¿debería México copiar el modelo de España en cuanto a redes sociales a menores de 16 años o apostar por educación digital antes que castigos?
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