El Maestro Jorge Valverde Islas, titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), ha puesto de manifiesto las anomalías más frecuentes y persistentes detectadas en la fiscalización de las cuentas públicas. Estas observaciones no se hicieron esperar en la segunda entrega de 2024, que presentó la cifra de $211,404,902.41 pesos pendientes de solventar.
El diagnóstico del auditor subraya que los hallazgos más comunes giran en torno a deficiencias en la justificación del gasto, adquisiciones onerosas y fallas en el control de activos.
Irregularidades que dominan las revisiones
En entrevista para Subrayado el Mtro. Valverde Islas enfatizó que las observaciones que más se repiten en municipios y entidades incluyen:
- No comprobación o justificación: Los entes fiscalizados no acreditan ni justifican lo observado en contratos, adquisiciones o servicios.
- Sobreprecios y sobrecostos: Adquisiciones y contratos se realizan con precios superiores a los del mercado.
- Contratos sin entregables acordes: Los entregables de consultorías u otros contratos no existen o no cumplen con la calidad y especificaciones pactadas.
- Obras públicas deficientes: Proyectos mal hechos, no concluidos o que no tienen la calidad con la que fueron contratados.
- Bienes patrimoniales faltantes: Elementos como vehículos, cámaras, laptops, radios de comunicación, teléfonos y computadoras están en el inventario, pero no se encuentran físicamente.
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Específicamente en las comisiones del agua, la ASEH identifica fallas en la gestión de ingresos, principalmente el incumplimiento de las cuotas y tarifas autorizadas por el Congreso, resultando en cobros excesivos o insuficientes a los usuarios, además de la detección de entradas generadas por conceptos no autorizados por la Ley de Ingresos.
En los municipios que manejan menos tecnología, otra observación recurrente es el manejo de efectivo: “Todo lo pagan en efectivo, entonces, emiten recibos, pero luego ese efectivo no lo ingresan a la cuenta del ayuntamiento“, detalló el titular.
Cifras de Alerta
De acuerdo al auditor, el significativo monto por solventar, $211,404,902.41 pesos, representa una preocupación focalizada, dado que parte del monto se concentra en un número reducido de municipios y organismos, entre los que Valverde mencionó a Pachuca y Mineral de Reforma.
El titular de la ASEH vinculó este panorama con las administraciones que concluyeron su gestión. A pesar de las recomendaciones emitidas por la Auditoría y el exhorto de la Contraloría a finales de 2023, la falta de atención a estas medidas preventivas se refleja directamente en los resultados de fiscalización.
Posibles Consecuencias
El Mtro. Valverde Islas recordó que la ley establece un plazo de 30 días para solventar las observaciones. Si las entidades no aclaran o comprueban los hallazgos, las observaciones quedan vigentes, al quedar en este estatus, la ASEH emite un pronunciamiento, el caso pasa al área jurídica, se arma un dictamen y se inicia una investigación.
Esta etapa puede derivar en un Informe de presunta responsabilidad administrativa o en una denuncia penal, señaló el Auditor Superior.
En ciertos casos, la no solventación obliga a las entidades a realizar un reintegro de los recursos públicos.
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