Política

Protestas que acabaron mal en Venezuela: 2014, 2017 y 2024

Venezuela vive una realidad compleja y dura, marcada por ciclos de protesta y una respuesta estatal que ha generado gran preocupación internacional. Vamos a desglosarlo de forma clara, con datos y contextos, para entender cómo hemos llegado hasta aquí. La situación de derechos humanos en el país es uno de los temas más críticos en la región actualmente.

Desde 2014, las calles venezolanas han sido escenario de manifestaciones masivas. Todo empezó con el movimiento “La Salida”, que protestaba por la crisis económica y la inseguridad. La respuesta, según múltiples informes, fue desproporcionada. Para 2017, las protestas se ampliaron y la represión escaló, dejando un saldo trágico. El punto más reciente y álgido llegó en 2024, tras las elecciones presidenciales de julio, donde la velocidad y el carácter punitivo de las detenciones marcaron un nuevo récord.

¿Cómo funciona la maquinaria de control?

Para entender la represión en Venezuela, hay que verla como un sistema con varias piezas que trabajan, según análisis de organismos independientes, de forma coordinada.

Por un lado, están las fuerzas oficiales. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es la que más se despliega en las calles. Luego están los organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM, encargados de la vigilancia y la detención de opositores políticos, donde se concentran la mayoría de las denuncias por tortura. En 2024, surgió con fuerza la DAET, un grupo táctico que heredó el polémico legado de la FAES.

Por otro lado, están los actores extraoficiales: los colectivos armados. Estos grupos, según investigadores, operan en barrios con un control territorial absoluto y actuarían en coordinación con las fuerzas estatales durante las protestas. Su existencia permite al gobierno, en la práctica, una cierta negación plausible ante la comunidad internacional.

La tortura: una herramienta de terror sistemática

Aquí entramos en un terreno oscuro y perturbador. Informes detallados de la ONU y de organizaciones como el Instituto CASLA describen métodos de tortura física y psicológica que parecen sacados de otra época, pero que son una realidad en ciertos centros de detención.

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Se habla de técnicas de suspensión como “El Ascensor” o “La Crucifixión”, diseñadas para causar un dolor insoportable y daño articular. También está el uso de descargas eléctricas, la asfixia con bolsas plásticas o inmersión en agua, y la violencia sexual como herramienta de humillación. En el plano psicológico, el aislamiento sensorial en celdas como “La Tumba”, del SEBIN, busca quebrar la mente de los detenidos.

Lo más alarmante es que estas prácticas no parecen ser actos aislados, sino parte de un patrón para castigar el disenso y extraer confesiones forzadas, según concluyen expertos internacionales.

Los números detrás del conflicto

Las cifras siempre son disputadas, pero los reportes de organizaciones no gubernamentales venezolanas como el Foro Penal ofrecen un panorama. Para 2024, se habló de más de 2,200 detenciones en pocos días y al menos 25 fallecidos en el contexto post-electoral. Un dato escalofriante: se documentó la detención de más de 170 adolescentes.

Si miramos el panorama general de presos políticos, a inicios de 2026 se documentaban más de 800 casos. Entre ellos hay militares, mujeres, y hasta ciudadanos extranjeros. Estas cifras pintan un escenario de persecución política amplia, donde el sistema judicial es frecuentemente señalado por no ofrecer garantías a los acusados.

La justicia internacional: un camino lleno de obstáculos

Ante la falta de avances internos, el caso de Venezuela llegó a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021. Sin embargo, el proceso ha sido lento y tortuoso. El gobierno venezolano ha apelado cada avance, argumentando que investiga los casos nacionalmente.

Un punto de quiebre fue a finales de 2025, cuando la CPI decidió cerrar su oficina en Caracas. ¿La razón? Una “falta de progreso real” en la cooperación con las autoridades venezolanas. Esto fue un fuerte golpe diplomático y envió el mensaje de que la investigación, aunque sigue en pie, tendrá que avanzar desde la lejana La Haya, con todas las dificultades que eso implica.

Mirando hacia el futuro: ¿qué sigue?

La crisis venezolana es profunda y multidimensional. No es solo un tema político, es una crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a millones. La represión sistemática, según los análisis, busca anular cualquier forma de oposición y mantener el control a través del miedo.

La atención internacional sigue siendo crucial, pero la solución real necesita cambios estructurales dentro del país. Mientras tanto, la sociedad civil, los periodistas independientes y las organizaciones de derechos humanos continúan su trabajo, documentando lo que pasa y dando voz a las víctimas, en un esfuerzo por que la verdad y la justicia, algún día, prevalezcan.

Es un tema serio y complejo, pero entenderlo es el primer paso para que el mundo no olvide lo que sucede y para que, en el futuro, se pueda rendir cuentas y reparar el daño causado a tanta gente.

MIRELY I. ENRÍQUEZ

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