El orden también importa y la ley por fin lo entendió, pues en México, el apellido materno ya puede ir primero si así lo decide la familia, gracias a un cambio histórico en la Constitución que pone sobre la mesa la igualdad y el derecho a la identidad. Durante décadas, el sistema obligó a anteponer el apellido del padre, sin debate y sin opción. Hoy, esa regla ya no manda.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó un antes y un después al declarar inconstitucional cualquier norma que forzara el orden de los apellidos. Todo surgió tras un conflicto en el Registro Civil de Yucatán, donde se cuestionó una práctica que muchos daban por “normal”, pero que cargaba siglos de desigualdad. El fallo dejó claro algo incómodo para las instituciones: no pueden decidir por las familias sin violar derechos.
Este avance no llegó de la nada. Desde 2016, más de la mitad de los estados ya habían tumbado el artículo que imponía el apellido paterno. En 2017, la CDMX registró al primer menor con el apellido de su madre en primer lugar. El cambio legal solo terminó de reconocer una realidad social que ya exigía espacio.
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Cabe mencionar que en caso de que los padres no estén de acuerdo, la ley ya no le dará prioridad al apellido paterno en automático, como siempre se ha hecho, pues ahora podría hacerlo al de la mamá.
El origen del problema resulta claro: el sistema nació en una época colonial, patriarcal y profundamente desigual. La ley veía al hombre como jefe, proveedor y dueño del legado familiar, mientras borraba a las mujeres desde el papel. El apellido se heredaba como símbolo de poder masculino, no de identidad compartida.
Hoy, las reglas cambian. Las familias pueden elegir libremente el orden de los apellidos sin trámites extra ni permisos especiales. Si alguna autoridad pone trabas, la Defensoría Pública debe intervenir.
El mensaje resulta contundente: la igualdad no se negocia y el apellido materno ya no ocupa el segundo lugar por costumbre, sino el que la familia decida conforme a la Constitución y el Registro Civil.
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