Por primera vez en su historia reciente, Hungría le dijo “no” a la libertad de marchar.
La policía húngara vetó una manifestación pacífica contra la homofobia y la transfobia prevista para el 1 de junio, aplicando una controvertida ley que prohíbe cualquier evento que “promueva la homosexualidad o el cambio de sexo”.
La decisión desató una ola de indignación. Cinco organizaciones civiles, incluyendo a Amnistía Internacional y el Comité Helsinki, denunciaron que la medida atenta directamente contra el derecho a la libre expresión y a la reunión pacífica.
“El Estado está limitando de forma arbitraria y discriminatoria uno de los derechos democráticos más fundamentales“, reclamaron en un comunicado conjunto.
¿Proteger a la infancia… o censurar a las minorías?
El gobierno de Viktor Orbán, que desde 2010 ha implementado varias medidas en contra de la comunidad LGTB+, argumenta que la ley protege a los menores, subordinando otros derechos fundamentales a este principio.
¿La realidad? Marchas como el Budapest Pride podrían quedar totalmente bloqueadas.
La reforma legal que ya preocupa a la Comisión Europea, establece que no podrán celebrarse actos que “exhiban” o “promuevan” temas LGTB+, incluso si se trata de espacios pacíficos y con fines educativos o culturales.
La intención del gobierno es clara: eliminar cualquier visibilidad pública de las disidencias sexuales.
Aún así, las organizaciones anunciaron que el Pride no se cancela, al contrario: “Debe ser más grande que nunca”. Y no están solos: 22 embajadas europeas ya alzaron la voz contra esta medida, advirtiendo sobre un retroceso alarmante en los derechos civiles en pleno siglo XXI.
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DIEGO LEIZA
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