Cifras alarmantes y subregistro estatal
Más de 33 mil personas fueron desplazadas de comunidades serranas del sur de Sinaloa por la violencia en los últimos 11 años. Según datos de la asociación Mexican Human Rights para un Mejor Vivir el año más crítico fue 2017, cuando unas 500 familias abandonaron sus hogares.
El estado solo reconoce alrededor de 9 mil personas desplazadas, aquellas que han solicitado una vivienda, lo que excluye a miles que no cuentan con documentación. La asociación desarrolló una aplicación digital llamada “MexUnión” para registrar a las personas desplazadas con base en evidencia directa.
Niños desplazados: derechos vulnerados
Más de 600 niños fueron desplazados en el sur del estado. Muchos de estos menores no tienen servicios de salud, educación y vivienda. A pesar de que la ley establece esos derechos sin necesidad de documentación.
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La organización critica la manera en que las autoridades han tratado el tema, utilizando formatos que no cumplen con la normatividad vigente. También advirtió que algunos funcionarios han reducido la atención en la entrega de apoyos, sin abordar los efectos psicológicos y sociales que enfrentan las personas desplazadas.
Fallas en la respuesta gubernamental
La asociación cuenta con una base de datos que registra detalles de salud y necesidades específicas de cada persona desplazada. El registro busca que las personas sean reconocidas por la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Crisis vigente: comunidades bajo control armado
El desplazamiento en Sinaloa es un fenómeno vigente. Hay comunidades aún tomadas por grupos armados y sin acciones efectivas del gobierno para prevenir nuevos éxodos ni atender a los ya desplazados. Desde 2017, Concordia y Rosario han sido los principales expulsores de población por violencia. La asociación documenta los testimonios y las condiciones de expulsión de las víctimas.
Entre las comunidades más afectadas se encuentran El Palmito, La Petaca, Potrerillos y varias rancherías menores en la sierra. La violencia ligada a la explotación forestal y minera ha sido un factor constante en esas zonas. Las personas desplazadas llegan a Rosario, El Chilillo, Caimanero y otras zonas de difícil acceso, algunas terminan en asentamientos irregulares en Mazatlán.
ARIEL HERNÁNDEZ
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