La reciente reforma al Código Fiscal de la Federación, como parte del Paquete Económico 2026, otorga facultades de vigilancia ampliadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Según el gobierno federal, la medida busca combatir la “evasión fiscal” y controlar más estrictamente a las plataformas digitales que ofrecen servicios como streaming y comercio electrónico. En el fondo se busca recaudar más impuestos.
El polémico Artículo 30-B
El nuevo Artículo 30-B es el foco de la controversia, ya que obliga a empresas como Netflix, Spotify, Amazon y Tinder a proporcionar al SAT acceso en línea y en tiempo real a sus sistemas y registros de operaciones.
El Gobierno argumenta que esta acción permitirá mejorar la fiscalización de plataformas extranjeras y disminuir la evasión fiscal, pero expertos en derechos digitales y miembros de la oposición advierten sobre el riesgo de vigilancia masiva sin controles judiciales.
TE PUEDE INTERESAR: Morena aprueba impuestos a videojuegos y cigarros
Lucha contra empresas factureras
Además, la reforma fortalece las capacidades del SAT en la lucha contra las “empresas factureras”. Se tipifican como delitos graves que ameritan prisión preventiva la emisión y uso de comprobantes fiscales falsos.
Las nuevas atribuciones permiten al SAT negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas relacionadas con empresas factureras, así como realizar visitas a domicilios de empresas para verificar la emisión de comprobantes falsos.
La implementación del acceso del SAT a los sistemas de plataformas digitales se aplazó hasta el 1 de abril de 2026, con el objetivo de permitir que las empresas ajusten sus sistemas a los nuevos requerimientos. Este proyecto ha sido enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Organizaciones civiles han levantado la voz en contra de esta reforma, alertando sobre el riesgo a la privacidad que implica.
Riesgos para la privacidad
La organización Artículo 19 ha expresado que el nuevo artículo representa una grave interferencia en los derechos de privacidad, eliminando la protección jurídica que debería asegurarse sobre datos personales de los usuarios. También se considera que el posible bloqueo temporal de servicios por incumplimiento puede limitar el acceso a plataformas utilizadas para la información y la expresión.
La reforma no solo plantea un nuevo ciclo de control y fiscalización digital, sino que también reaviva el debate sobre los límites del poder estatal frente a la privacidad de los ciudadanos. Se ha señalado que el método adoptado para la recaudación tributaria, aunque legítimo, se considera desproporcionado en relación con la vulneración de derechos humanos.
ARIEL HERNÁNDEZ
Si quieres enterarte de más, síguenos en Facebook, YouTube o bien en TikTok.
