La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este 30 de abril de 2026 sobre la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve señalados. El documento estadounidense describe presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa. En la acusación aparecen, entre otros, Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Enrique Inzunza Cázarez, senador; y Dámaso Castro Saavedra, exfiscal de Sinaloa.
Sheinbaum y el comunicado de defensa a Rocha Moya
Sheinbaum leyó un comunicado en la mañanera en Palacio Nacional. En el texto dijo:
“Como presidenta mi posición es: verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
La presidenta insistió en la necesidad de pruebas.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
También afirmó: “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, dijo textualmente.
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Detalles de la acusación estadounidense
El escrito de la Fiscalía estadounidense, certificado el 23 de abril de 2026, señala una red que, según los fiscales, integró desde el despacho del gobernador hasta patrullas de la Policía Municipal de Culiacán.
El expediente incluye la mención de supuestos sobornos y conducta orientada a facilitar el tránsito de droga hacia Estados Unidos. La acusación contiene testimonios bajo reserva, según el propio documento.
Sheinbaum mostró el documento del Departamento de Justicia durante la conferencia y señaló:
“Hay un escrito de unos testigos que no dice quiénes son”.
Añadió que, hasta ese momento, la embajada de Estados Unidos no había remitido información adicional al gobierno mexicano.
La presidenta recordó el marco legal nacional para la emisión de órdenes de aprehensión.
“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana; en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción”, indicó.
¿Quiénes son los señalado por el caso Rocha Moya?
El grupo de acusados enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas largas y artefactos explosivos. El expediente señala una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y la posibilidad de cadena perpetua si los acusados son detenidos y enviados a Estados Unidos.
Las identidades y cargos de algunos señalados se consignan así: Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones, 76 años; Enrique Inzunza Cázarez, senador, 53 años; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, 41 años; Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa, 54 años; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años. Todos figuran en el expediente con cargos relacionados con drogas y armamento.
Proceso en curso
Sheinbaum pidió esperar el desarrollo de las investigaciones.
“Desde que asumí la presidencia de México juré hacer respetar la constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo como presidenta de la república. Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”, comentó.
La Presidencia indicó que la FGR evaluará el material recibido y comparará los elementos con la legislación mexicana para determinar si existe fundamento para ejecutar órdenes de aprehensión o solicitar cooperación internacional. Sheinbaum puntualizó:
“Tiene que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona, si esas pruebas no están la pregunta es ¿cuál es la motivación?”.
La acusación estadounidense permanece en curso y el Poder Ejecutivo mexicano remitirá los elementos que correspondan a la Fiscalía para su análisis. Las medidas de cooperación que se consideren seguirán el marco jurídico bilateral y la normativa vigente en México.
ARIEL HERNÁNDEZ
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