La jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May impuso fuertes limitaciones al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna. Ahora, un interventor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revisará todo su contenido antes de publicarse. Además, queda prohibido mencionar a la gobernadora Layda Sansores San Román.
Aunque un tribunal anuló medidas anteriores —como la prohibición de dos años para ejercer el periodismo y el cierre de Tribuna Digital—, la jueza aplicó nuevas restricciones que González Valdez considera un ataque a la libertad de expresión.
Censura previa: TSJ controlará lo que se publique
Durante la audiencia, la jueza argumentó que “para salvaguardar los derechos de la víctima (Sansores San Román), se determina la intervención judicial de la plataforma, lo que implica que un representante del TSJ debe conocer el contenido de las notas y comentarios antes de su publicación. Esta persona designada deberá autorizar lo que se difunda sobre la mandataria”.
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González Valdez recibió la advertencia de que debe abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre Sansores, así como de escribir o publicar imágenes relacionadas con ella. Todas las publicaciones, comentarios y declaraciones deben ser supervisadas. La jueza enfatizó que no se impide la libertad de expresión, pero se debe cuidar que no se afecte la dignidad de la gobernadora.
En respuesta a las solicitudes del asesor jurídico de la gobernadora, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y de la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta, la jueza ordenó que González Valdez sea acompañado por un censor oficial durante la grabación de programas, conferencias u opiniones.
Periodista denuncia censura y abuso de poder
El comunicador calificó estas medidas como excesivas. Señaló que no se había visto en años recientes una decisión que confirme la censura y ataque directo a la libertad de expresión. González Valdez, de 71 años y con más de 40 años de trayectoria como director del diario Tribuna, expresó su preocupación por la situación.
En diciembre de 2023, la gobernadora de Campeche presentó una demanda contra González Valdez y el periódico Tribuna por incitación al odio y la violencia. Argumentó que sus publicaciones la ofendían y humillaban por su condición de mujer, edad, forma de vestir y apariencia física.
La mandataria afirmó que no existe libertad de expresión ni información periodística en este contexto. Describió la situación como un ataque sistemático en su contra.
Historial judicial: medidas anuladas y nuevas sanciones
El 13 de junio, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso a González Valdez, prohibiéndole ejercer el periodismo durante dos años y cerrando la plataforma digital de Tribuna por el mismo período. También se vinculó a proceso al administrador de la página, Isidro Yerbes Cruz. Sin embargo, el 9 de julio, un tribunal colegiado del 31 circuito judicial consideró inconstitucionales las medidas cautelares de Martínez Taboada, devolviendo a González Valdez y a Tribuna su derecho a publicar y ejercer el periodismo.
Ayer, De Atocha Huitz May confirmó la suspensión definitiva de las medidas cautelares impuestas por Martínez Taboada. Decretó nuevas restricciones, incluyendo la intervención judicial del periódico para autorizar qué textos pueden ser publicados en su plataforma.
Además, González Valdez enfrenta una sentencia judicial por daño moral en contra del director estatal de Comunicación Social, Walther Patrón, a quien deberá indemnizar con 2 millones de pesos. Para garantizar el pago, se establecieron medidas adicionales.
ARIEL HERNÁNDEZ
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