Durante 2025, la población penitenciaria en México alcanzó cifras récord. Superó las 255 mil 190 personas privadas de libertad. Esta cifra, reportada en octubre, se acerca al máximo histórico de 255 mil 638 detenidos.
Estrategia de seguridad impulsa el aumento
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que este aumento se atribuyó a la intensa estrategia de combate a los delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio y extorsión, implementada bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum. Solo en los primeros 13 meses de la administración, se detuvieron a más de 37 mil personas por estos delitos.
De acuerdo con una publicación de Animal Político, desde que Sheinbaum asumió la presidencia se observó un crecimiento constante de la población penitenciaria. En el inicio de su mandato, había 235 mil 461 detenidos, lo que significa que, en solo un año, se incrementó en 19 mil 729 personas, alcanzando un aumento del 8.379%.
Prisión preventiva y hacinamiento
Los especialistas en derecho penal han señalado que este notable incremento se debe, en parte, al uso intensivo de la prisión preventiva oficiosa. Lo que ha permitido que un alto porcentaje de detenidos permanezca en prisión sin haber recibido una condena.
En el último año, se identificó que nueve de cada diez reclusos nuevos no contaban con una sentencia firme. Esta situación ha creado un entorno de hacinamiento en las cárceles.
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Condiciones insalubres en las prisiones
Se han reportado preocupaciones sobre las condiciones de vida dentro de las cárceles. Las instalaciones sufren de hacinamiento extremo, donde personas diseñadas para albergar cuatro internos llegan a tener hasta veinte. Este problema ha generado condiciones insalubres, con falta de acceso a servicios médicos y atención adecuada.
Críticas a la efectividad de las políticas
Según el medio de comunicación, expertos como Luis Tapia y Sofía González han manifestado que este aumento en la población carcelaria no se traduce en mayor seguridad ni justicia.
La percepción general es que la elevada cantidad de detenidos representa una respuesta ineficaz para contener la violencia y los delitos en el país.
Impacto desproporcionado en grupos vulnerables
El descontento social aumenta cuando se observa que el sistema de justicia penal parece actuar de manera desproporcionada, afectando principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Según investigaciones, el 70% de las personas sometidas a prisión preventiva oficiosa provienen de contextos económicos desfavorecidos. Lo que resalta una problemática sistémica en el enfoque hacia la delincuencia.
El gobierno enfrenta críticas sobre la eficacia de sus políticas de seguridad y el impacto real en la vida de los ciudadanos, al mismo tiempo que la presión sobre el sistema penitenciario continúa en aumento.
AGENCIAS
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