El Poder Judicial de la Federación (PJF), inició un paro de labores indefinido por la reforma judicial que será discutida el próximo lunes en la Cámara de Diputados.
La suspensión de las actividades, al que se sumaron juezas, jueces, magistradas y magistrados, inició el primer minuto de este miércoles.
Las y los trabajadores piden se detenga la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual se proyecta separar del cargo a todos los jueces y magistrados, así como a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Juana Fuentes Velázquez, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), advirtió una crisis profunda en caso de llevarse a cabo la reforma.
“Nos encaminamos hacia una crisis constitucional que, de no detenerse dejará cicatrices profundas en el tejido social. Por eso mismo, hemos decidido la suspensión de labores desde el 21 de agosto como acto legítimo contra la reforma”.
También, consideró que la independencia judicial no es un privilegio, sino una forma de garantizar la protección de los derechos humanos.
“Esta acción no es tomada a la ligera, es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desmantelan los principios que juramos proteger”.
Sólo atenderán asuntos urgentes
Con el paro de labores solo se llevarán a cabo audiencias de calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva, extradiciones.
También, juicios en los que se ponga en peligro la vida o integridad de las personas, compurgaciones de la pena, preliberacionales, acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que incluyan atención médica, hospitalización, segregación y tortura.
Asuntos comprendidos en los artículos 15, 126 y 127 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Diligencias para recibir declaraciones preparatorias.
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Actuaciones en el período de preinstrucción hasta la resolución de la situación jurídica del detenido.
Decisiones en materia de ejecución de sanciones que impliquen peligro a la vida o integridad de las personas, o que versen sobre la compurgación de penas privativas de libertad o beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución.
Se continuarán otorgando órdenes de captura solo si implican riesgo a la salud o integridad de personas,se atenderán casos relacionados con el derecho a la salud, migrantes, así como casos en que puedan ponerse en riesgo servicios básicos como agua y energía eléctrica, entre otros.
ARIEL HERNÁNDEZ
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