Inician proceso legal contra Fausto Corrales Rodríguez, director de la UAS
Fausto Corrales Rodríguez, director de Sueldos y Salarios de la UAS, fue vinculado a proceso por presunto encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén y falsedad de declaraciones.
Un juez de control determinó la vinculación a proceso en contra del director de Sueldos y Salarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Fausto Corrales Rodríguez, por su probable participación en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén y falsedad de declaraciones ante una autoridad.
Agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron al imputado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El Ministerio Público Federal formuló la imputación durante la continuación de la audiencia inicial, tras la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa legal.
El órgano jurisdiccional ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria. La legislación mexicana otorga la presunción de inocencia al sujeto procesado mientras el tribunal no dicte una sentencia condenatoria firme.
La detención ocurrió el 19 de agosto. El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, integró la carpeta de investigación.
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La relación con “El Mayo” Zambada
El expediente relaciona al imputado con los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, donde ocurrió el homicidio de Héctor Melesio Cuén. Registros oficiales señalan que el procesado presuntamente acompañó a la víctima al sitio del encuentro y testificó el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, acto previo al traslado del líder narcotraficante hacia territorio estadounidense.
Ismael Zambada fundó el grupo criminal cártel de Sinaloa junto a Joaquín Guzmán “El Chapo” Guzmán. Ambos cumplen condenas en Estados Unidos. El secuestro provocó confrontaciones armadas en el estado de Sinaloa. El gobierno federal investiga la intervención de corporaciones extranjeras en la operación.
La FGR sostiene que el imputado incurrió en contradicciones y omitió datos verídicos durante sus declaraciones ministeriales para desviar la indagatoria oficial. Las autoridades judiciales calificaron la audiencia con carácter privado por motivos de seguridad nacional. La fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los delitos y determinar responsabilidades penales de los implicados.
La dependencia federal integró los datos probatorios correspondientes al cúmulo de indagatorias sobre la red de funcionarios vinculados a los hechos. El Ministerio Público aportó los elementos técnicos necesarios para acreditar la probable coautoría en el ocultamiento de información relevante. Los peritajes balísticos y químicos desvirtuaron las versiones primigenias presentadas ante las instancias estatales de procuración de justicia.
La defensa legal del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional para aportar pruebas de descargo antes de la resolución del juez. El juzgador federal evaluó los argumentos presentados por ambas partes durante las sesiones celebradas en el centro de justicia penal federal.
Las corporaciones de seguridad federal mantuvieron vigilancia permanente durante el traslado del procesado hacia el penal federal correspondiente. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) supervisó el desarrollo de las diligencias bajo protocolos estrictos de seguridad procesal. Las investigaciones del caso continúan abiertas para determinar la posible implicación de otros actores políticos y universitarios en los ilícitos investigados.
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