La Ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, aseguró que en México continuan los abusos contra migrantes, así como desapariciones y tortura contra mexicanos por parte de las autoridades.
Las transgresiones a derechos humanos contra personas de otros países así como mexicanos, son efectuadas durante las detenciones, mencionó la Ministra durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA).
“Somos conscientes de que estamos lejos de lograr su erradicación. Ustedes lo han reflejado en sus opiniones al Estado mexicano: los datos nos revelan un doloroso aumento de las desapariciones forzadas y la persistencia de violaciones fundamentales al debido proceso en las detenciones, incluyendo, desgraciadamente, las prácticas de tortura”.
La también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) explicó que las violaciones a derechos humanos contra migrantes están documentadas.
De esta forma, resaltó el abuso de la prisión preventiva oficiosa, así como la existencia de políticas y prácticas centradas en las detenciones indebidas”
“Enfrentamos retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial en México, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años”.
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Norma Piña adelantó la presentación de un informe al GTDA relacionado con el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio.
Este documento también abordará resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
La Ministra Presidente de la SCJN también aseguró que la disminución presupuestal al Poder Judicial afectará a las personas más vulnerables de México.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”.
Ariel Hernández
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