El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no se investigó como terrorismo.
Clasificación del atentado: crimen organizado, no terrorismo
La investigación se centró en delitos de delincuencia organizada. García Harfuch detalló que la apertura de la carpeta de investigación siguió al avance de indagatorias que apuntaron a un grupo delictivo vinculado al ataque ocurrido el sábado 6 de diciembre.
Durante su intervención en Palacio Nacional, Harfuch explicó que, conforme a las leyes nacionales e internacionales, el terrorismo se define como acciones dirigidas a imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. Afirmó que este contexto no se cumplió en la explosión reciente, pues los hechos se ejecutaron con la intención de ampliar el control territorial de un grupo criminal.
“El terrorismo se descarta… se están haciendo diversas diligencias, no quisiera entorpecer la investigación que tiene la propia Fiscalía de la República, que estamos seguros de que más adelante va a informar”, comentó.
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Grupos criminales involucrados en el ataque
Las primeras investigaciones revelaron la implicación de dos grupos asociados con el crimen organizado. Según la SSPC son células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Cárteles Unidos, organizaciones previamente identificadas por sus ataques a policías comunitarios en el estado.
García Harfuch argumentó que el caso no se clasificó como terrorismo debido a que no se ajustó a los criterios establecidos por la ley mexicana e internacional. Mencionó que la violencia en este ataque careció de fines políticos, ideológicos o sociales, alineándose más bien con disputas territoriales entre grupos criminales.
El Secretario de Seguridad precisó que las actividades ilegales relacionadas con este atentado incluyeron el control de rutas de tráfico de drogas, el narcomenudeo, extorsiones y tráfico de armas. Estas actividades hubieron de incluirse en la carpeta de investigación abierta en
El caso avanzó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de ampliar la información conforme las indagatorias progresen. El Gobierno federal colaboró con las autoridades correspondientes para asegurar que se informara a la ciudadanía sobre los avances del caso, confirmando que, hasta el momento, se clasificaba como delincuencia organizada y homicidio, descartando completamente el terrorismo.
ARIEL HERNÁNDEZ
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