Más de 90 familias que conforman una comunidad otomí de 600 personas en Cadereyta, Querétaro, denunciaron por fraude y peculado al Gobierno de Querétaro.
En conferencia de prensa, el abogado de la comunidad indígena, Rafael Arriaga Conde explicó que pescadores y lancheros hidalguenses de los municipios de Tecozautla, Tasquillo y Zimapán podrían verse afectados por la problemática que mantiene la sociedad cooperativa de Tzibanzá con el Gobierno de Querétaro.
Subrayó que los habitantes de la cooperativa Tzibanzá sufrieron un engaño por el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, para donar 4.2 hectáreas con el objetivo de gestionar recursos con la Secretaría de Turismo federal.
Los recursos servirían para mejorar los atractivos turísticos que se ofrecen en este punto turístico, pero les aseguraron que las tierras estaban garantizadas para su comunidad.
Sin embargo, Arriaga Conde aclaró que en el 2021, el actual gobierno a cargo de Mauricio Kuri González les solicitó un cobro de 200 mil pesos mensuales por la renta de la infraestructura.
Ante la negativa del pago, bajaron el costo de la renta a 50 mil pesos mensuales, momento en el que se dieron cuenta que la isla pasó a ser propiedad del Gobierno de Querétaro y no de los ejidatarios.
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¿Esto afecta a los hidalguenses?
El conflicto es entre habitantes de Querétaro y su gobierno estatal. Arriaga Conde aseguró que hay hidalguenses que podrían verse afectados.
Esto debido a que trabajan como lancheros o pescadores y en su actividad logran ganar hasta cuatro mil 500 pesos por día.
Amenazas y ataques
Asimismo, el abogado Luis Rafael Arriaga Conde anunció que recibió una serie de amenazas con presuntas amenazas hacia su persona y su familia.
Incluso, aclaró que hace unos días una persona que se llama igual que él, además de un físico con similitud y camioneta, sufrió una situación de ataque.
