La denuncia por un presunto acuerdo con Israel en Chihuahua volvió a encender la polémica luego de que activistas aseguraran que el convenio internacional firmado por la Junta Central de Agua y Saneamiento nunca cumplió con el registro ante la SRE, un requisito que marca la legislación mexicana. El señalamiento abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la legalidad del pacto y la forma en que se gestionó este proyecto de cooperación.
Activistas acusan violaciones a la ley
El colectivo Salvemos los Cerros sostiene que el plan de cooperación, firmado en febrero de 2023, incumplió los artículos 6 y 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados al no notificarse ni a la SRE ni a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).
Como parte de sus señalamientos, el grupo difundió respuestas obtenidas mediante solicitudes de transparencia. En una de ellas, la SRE informó que, tras una búsqueda, no localizó instrumentos jurídicos celebrados entre Israel y el estado de Chihuahua. Además, otro documento señala que el convenio presentado “difiere sustancialmente” del que había sido revisado previamente, por lo que el dictamen de procedencia quedó sin efectos.
Luis Rivera Levario, vocero de Salvemos los Cerros, aseguró que la JCAS nunca entregó la copia firmada del convenio solicitada por la Cancillería y afirmó que eso representa una violación a la legislación vigente.
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JCAS rechaza las acusaciones
Por su parte, el director de la JCAS, Mario Mata Carrasco, ha rechazado los señalamientos y aseguró que el convenio únicamente busca aprovechar tecnología israelí para mejorar la gestión del agua.
El funcionario calificó las críticas como “ridículas” e “irrisibles” y sostuvo que el acuerdo no tiene ningún trasfondo político o militar, sino un enfoque exclusivamente técnico para fortalecer el sistema hídrico del estado.
Mientras la discusión continúa, el acuerdo con Israel en Chihuahua sigue generando cuestionamientos sobre su legalidad, la falta de transparencia en su manejo y el papel que debe desempeñar la SRE en la supervisión de este tipo de convenios internacionales.
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