El senador Cuauhtémoc Ochoa volvió a poner el dedo en la llaga al presentar una iniciativa que busca cambiar de raíz la forma en la que el Estado enfrenta el combate a la corrupción, a través de una reforma integral a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; desde tribuna, dejó claro que ya no basta con castigar cuando el daño está hecho: ahora la meta es la prevención, cerrar espacios a la impunidad y reforzar las responsabilidades administrativas tanto de funcionarios como de particulares.
Ochoa explicó que la iniciativa apuesta por un modelo preventivo que detecte riesgos antes de que la corrupción se concrete. La propuesta actualiza conceptos clave como conflicto de interés, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y encubrimiento, con el objetivo de cubrir nuevas formas de corrupción, incluso aquellas que no implican dinero, pero sí beneficios políticos o ventajas indebidas.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto se centra en la protección a denunciantes y alertadores. Para el senador, ninguna política funciona si quienes conocen irregularidades sienten miedo de hablar. Por eso, la iniciativa fortalece los canales de denuncia, fija plazos claros para investigar y garantiza confidencialidad, protección laboral y seguridad personal, además de permitir denuncias anónimas cuando resulte necesario.
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El planteamiento también endurece las medidas contra quienes incumplen la ley. Se contemplan acciones cautelares como el congelamiento preventivo de activos y sanciones específicas para empresas, incluida la prohibición temporal de contratar con el sector público. Las sanciones económicas deberán superar el beneficio obtenido y buscar reparar el daño, incluso el daño a la confianza pública.
Con este proyecto, Cuauhtémoc Ochoa refuerza su postura: quien quiera hacer negocios con el Estado debe respetar reglas claras, actuar con integridad y asumir plenamente sus responsabilidades administrativas, como parte real del combate corrupción dentro de la Ley General.
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