En el primer semestre de 2026, el estado de Guerrero enfrenta una de sus crisis de seguridad más complejas. Se trata de una reconfiguración profunda del poder criminal. La organización conocida como “Los Ardillos”, originaria de Quechultenango, ha logrado establecer un control territorial total en regiones como el Centro, la Montaña Baja y la Costa Chica. Este grupo, liderado por los hermanos Ortega Jiménez, ha pasado del tráfico de heroína a dominar la economía de subsistencia, la minería y los aparatos municipales, desplazando al Estado en funciones clave como la regulación del comercio y la justicia local.
De la droga al control de la canasta básica
Debido al colapso del mercado de heroína por el fentanilo, “Los Ardillos” reorientaron su modelo de negocio hacia el control de productos básicos. En mayo de 2026, Chilpancingo vivió una parálisis económica porque el grupo criminal impuso un único proveedor autorizado de pollo, proveniente del Estado de México, y fijó los precios y cantidades máximas por local. Los comerciantes que intentaron romper el monopolio fueron asesinados o vieron sus negocios incendiados.
- Precio del pollo por pieza: 215 – 220 MXN (frente a un promedio histórico de 60-80 MXN).
- Capacidad operativa: Solo 25 de 35 pollerías abiertas, todas operando bajo vigilancia militar.
- Restricción de suministro: Un solo proveedor autorizado; límite de 20 unidades por local.
- Saldo de violencia sectorial: 11 comerciantes y transportistas asesinados en jornadas recientes.
¿Cómo consiguieron el territorio de la Montaña Baja?
La actual ola de violencia se explica en gran medida por la ruptura definitiva de la tregua que existió durante 2024 y 2025 entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos” (también conocidos como el Cártel de la Sierra o Federación Guerrerense). Aunque en su momento la Iglesia Católica logró mediar pactos de no agresión, la disputa por la plaza de Chilpancingo y el control del transporte público dinamitó cualquier posibilidad de coexistencia pacífica en 2026.
“Los Tlacos“, liderados por Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”, surgieron en 2017 como una policía comunitaria en Tlacotepec, pero evolucionaron hacia una organización criminal con control sobre la minería y la tala en la sierra. En 2026, han articulado una alianza con grupos menores como “Los Jaleacos” y remanentes de “Los Rojos” para cercar a “Los Ardillos”, denominándose “Federación Guerrerense”.
Tácticas de guerra
Una de las características más alarmantes de la ofensiva de “Los Ardillos” en 2026 es el uso de drones comerciales adaptados para soltar explosivos sobre centros de población civil. Pobladores de comunidades como Alcozacán y Tula han denunciado bombardeos constantes que no distinguen entre objetivos militares y civiles. Además, el grupo utiliza fusiles de alto calibre (.50), incendios de viviendas, robo de ganado y cercos totales que inducen el desabasto de alimentos como estrategias de sometimiento territorial.
| Comunidad afectada | Tipo de agresión reportada |
| Alcozacán | Ataques con drones y fusiles de alto calibre (.50) |
| Tula | Incendio de viviendas y robo de ganado por comandos armados |
| Xicotlán | Asesinato de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos |
| Acahuheutlán | Cerco total y desabasto inducido de alimentos |
Las cifras del horror
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) ha reportado que desde el inicio de la ofensiva el 6 de mayo de 2026, el saldo acumulado es de 81 asesinados y 25 desaparecidos, una cifra que contrasta significativamente con los reportes oficiales del gobierno federal, que suelen minimizar el impacto de estos enfrentamientos.
Para el 12 de mayo de 2026, mientras el gobierno federal confirmó oficialmente el desplazamiento de 96 personas, organizaciones civiles y reporteros en el terreno estimaron que más de 1,300 personas se encontraban refugiadas en condiciones infrahumanas, durmiendo a la intemperie en montes o hacinadas en escuelas primarias.
La falta de una respuesta inmediata de las fuerzas federales llevó a que los desplazados hicieran un llamado desesperado, incluso pidiendo la intervención de los Estados Unidos ante la inacción del gobierno estatal de Evelyn Salgado Pineda.
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El video de la alcaldesa y el poder de los Ortega
La resiliencia de “Los Ardillos” se explica por su profunda inserción en el tejido político de Guerrero. El grupo ha logrado establecer un régimen de cooptación que abarca desde presidentes municipales hasta legisladores, creando una red de protección que dificulta los operativos federales y garantiza la impunidad de sus líderes.
| Actor político | Vínculo o señalamiento |
| Norma Otilia Hernández | Video con Celso Ortega; investigada por complicidad |
| Bernardo Ortega Jiménez | Hermano de los líderes; exdiputado – nexo regional |
| Evelyn Salgado Pineda | Gobernadora señalada como omisa por el CIPOG-EZ |
| Alcaldes de Chilapa | Históricamente bajo tutela de Los Ardillos |
Un evento definitorio en la percepción pública de la organización fue la filtración del video que mostraba a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida en un restaurante con Celso Ortega Jiménez, líder máximo de “Los Ardillos”. En la conversación, la funcionaria preguntaba cómo podía “ayudar” al líder criminal, lo que evidenció un pacto de convivencia que permitía a la organización operar sin restricciones en la capital del estado.
@latinus_us Revelan parte de la conversación de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con un líder de “Los Ardillos”. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original – Latinus
Aunque Morena expulsó temporalmente a la alcaldesa, esta continúa activa políticamente e incluso se ha mencionado su posible aspiración a la gubernatura de Guerrero, lo que ha generado una crisis de legitimidad en el partido gobernante.
El papel de Bernardo Ortega Jiménez
La relación entre el grupo criminal y la política formal tiene su exponente más visible en Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes de “Los Ardillos”. Bernardo ha ocupado cargos como diputado local y presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Aunque él ha negado sistemáticamente cualquier vínculo con las actividades delictivas de sus hermanos, su influencia política en el distrito de Quechultenango es vista por analistas de inteligencia como un factor de protección que impide operativos directos contra la cúpula del grupo.
Mientras los hermanos Ortega Jiménez operan con libertad en sus trincheras, las fuerzas federales parecen tener una “zona prohibida” en Quechultenango, donde el orden y la justicia son impartidos por la organización criminal.
Operativos, capturas y limitaciones estructurales
La administración de Claudia Sheinbaum ha intentado diferenciarse de periodos anteriores mediante una combinación de despliegue militar masivo y mesas de diálogo personalizadas a través de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Sin embargo, los resultados en Guerrero han sido mixtos y las críticas de las comunidades afectadas no han cesado.
Bajo la supervisión de Omar García Harfuch, se puso en marcha un operativo a gran escala en mayo de 2026 para romper los bloqueos en Chilapa y proteger a las comunidades indígenas desplazadas. Las fuerzas desplegadas incluyeron:
| Fuerza federal / estatal | Efectivos desplegados | Equipo adicional |
| Ejército Mexicano | 690 elementos | 80 vehículos blindados |
| Guardia Nacional | 400 elementos | 50 unidades de patrullaje |
| Policía Estatal de Guerrero | 200 elementos | 34 patrullas |
| Fuerza Aérea / Apoyo | 5 helicópteros | Reconocimiento y transporte médico |
A pesar de la magnitud de la fuerza —más de 1,200 efectivos en total—, el gobierno ha evitado el uso de la fuerza letal directa para desarmar a los grupos en las poblaciones. El argumento oficial es preservar la vida de los civiles que podrían quedar atrapados en el fuego cruzado.
Capturas estratégicas
Un avance significativo en la desarticulación de la red de mandos medios ocurrió en mayo de 2026 con la detención de Vicente “N”, alias “La Garza”, jefe de plaza de “Los Ardillos” en Tecoanapa. A este sujeto se le vincula directamente con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, quien fuera alcalde de Chilpancingo y cuyo homicidio en octubre de 2025 conmocionó a la opinión pública por su brutalidad.
La captura de “La Garza” reveló nexos operativos entre “Los Ardillos” y antiguos miembros de policías comunitarias de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), evidenciando la porosidad de estos grupos de autodefensa que en su origen combatieron al crimen organizado y hoy, en algunos casos, operan en sus filas.
El exilio del padre Filiberto Velázquez
La mediación de la Iglesia Católica, que durante años sirvió como el único canal de comunicación efectivo entre grupos criminales en Guerrero, ha entrado en una fase de colapso. El asesinato y las amenazas directas contra clérigos han reducido el espacio de maniobra de la institución eclesiástica, dejando el conflicto exclusivamente en manos de la lógica bélica de los cárteles y la respuesta militar del Estado.
El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos “Minerva Bello”, fue una pieza clave en la tregua de 2024 entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”. Su conocimiento del territorio, su legitimidad entre las comunidades y su capacidad de diálogo con ambos grupos lo convirtieron en un mediador indispensable. Sin embargo, su labor de denuncia de violaciones a derechos humanos también lo convirtió en objetivo prioritario de “Los Ardillos”.
Tras sobrevivir a atentados y recibir amenazas directas en su albergue, el padre Filiberto se vio obligado a abandonar Guerrero en enero de 2026 para salvar su vida. Hoy, sin ese contrapeso, “Los Ardillos” y “Los Tlacos” libran su guerra sin restricciones, y las comunidades indígenas quedan atrapadas en medio del fuego cruzado sin ninguna institución que las proteja o medie por ellas.
¿Quiénes han sido los líderes de “Los Ardillos”?
A diferencia de otras organizaciones criminales que se basan puramente en el terror y la coerción, Los Ardillos han sabido instrumentalizar el resentimiento social y la falta de servicios del Estado en Quechultenango.
| Líder | Función | Contexto clave |
| Celso Ortega Jiménez | Líder máximo y estratega militar | Reunido con alcaldesa de Chilpancingo; opera desde “zona prohibida” en Quechultenango |
| Jorge Iván Ortega Jiménez | Encargado de operaciones tácticas | Control territorial en la Monta Baja; responsable de cercos y desplazamientos |
| Antonio Ortega Jiménez | Gestión de finanzas y vínculos económicos | Relacionado con monopolios de pollo, carne y minería |
| Vicente “La Garza” | Jefe de plaza en Tecoanapa | Capturado en mayo 2026; vinculado al asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán |
| Benito Sánchez Millán (“El Oso”) | Operador en Juan R. Escudero | Responsable de desplazamientos forzados y despojo de tierras a ganaderos |
Este artículo se basa exclusivamente en el contenido de fuentes verificables como LatinUS, Infobae, La Jornada, Milenio, El Financiero, Wikipedia, reportes oficiales del gobierno de Guerrero, videos documentales de YouTube y comunicados de organizaciones civiles como el CIPOG-EZ y la OCSS.
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