El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano convocó a un paro nacional para el 24 de noviembre. Este paro incluirá bloqueos carreteros y la toma de aduanas.
Motivos y acciones del paro campesino
La movilización busca presionar al Gobierno federal para establecer un diálogo respecto al precio del maíz y las políticas del sector agrícola. Baltazar Valdez, líder del frente, indicó que los manifestantes impedirán el traslado de mercancías, aunque permitirán el paso de vehículos particulares y transporte de pasajeros.
Demandas clave del sector agrícola
Una de las principales demandas de los campesinos es que el precio del maíz alcance los siete mil 200 pesos por tonelada. Agricultores de Guanajuato, Michoacán y Jalisco no han logrado avances significativos en sus negociaciones con el Gobierno federal.
Organizaciones y alianzas del paro
El paro contará con la participación de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC). Ambas organizaciones unieron esfuerzos para detener el transporte de carga y exigir mejores condiciones para el sector agrícola.
David Estévez Gamboa, representante de la ANTAC, denunció el robo diario de vehículos de carga y el incremento de actos de corrupción en carreteras desde la llegada de la Guardia Nacional al control de seguridad en las vías.
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Convocó a los operadores a suspender sus labores el día del paro, afirmando que los bloqueos afectarán el tránsito en todo el país.
Además, los líderes campesinos denunciaron que la nueva Ley de Agua limita las concesiones, lo que impacta la propiedad y productividad de las tierras. Señalaron que esta medida reduce el valor de sus terrenos y pone en riesgo la producción agrícola.
Pliego petitorio y acuerdos previos
Las organizaciones establecieron cinco puntos centrales en su pliego petitorio: reconocimiento de la agricultura como un interés nacional, exclusión de granos básicos y oleaginosas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), creación de una banca de desarrollo agrícola, definición de precios de garantía, y suspensión temporal de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales.
El Gobierno federal acordó, el 29 de octubre de 2025, con productores del Bajío la creación de un Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz.
Este acuerdo buscó establecer precios de referencia y dar certidumbre al campo, según informó Julio Antonio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Tras negociaciones, agricultores de Guanajuato, Michoacán y Jalisco lograron elevar, a 950 pesos, la aportación de los gobiernos federal y estatales al precio por tonelada del maíz.
ARIEL HERNÁNDEZ
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