El Senado de la República aprobó la iniciativa en materia de Amparo, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma busca modernizar y fortalecer el mecanismo de defensa de los ciudadanos, así como eliminar abusos relacionados con créditos fiscales. La votación resultó en 76 votos a favor de Morena y aliados, y 39 en contra de la oposición.
Un proceso legislativo acelerado
La reforma, que modifica los artículos 103 y 107 de la Constitución, fue objeto de debate intenso. La oposición, compuesta por PRI, PAN y MC, consideró que los cambios realizados a la propuesta original fueron insuficientes y criticaron la rapidez del proceso legislativo. La iniciativa fue aprobada en comisiones por la mañana y en el pleno por la noche.
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Principales cambios en la Ley de Amparo
Durante la discusión, se aprobó una reserva de Morena que establece que los juicios de amparo en trámite continuarán bajo las nuevas disposiciones. Esta adición fue considerada retroactiva por la oposición.
Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral y Enrique Insunza, afirmaron que se tomaron en cuenta las opiniones de expertos y se realizaron correcciones en aspectos como el interés legítimo.
Los legisladores de oposición argumentaron que la reforma limita el juicio de amparo, mientras que los representantes de Morena defendieron que se eliminan excesos que permitían evadir impuestos y liberar a delincuentes.
Novedades y límites establecidos
Se modificó el artículo quinto de la Ley de Amparo para definir el interés legítimo y se establecieron límites en la suspensión del acto reclamado en casos sensibles.
La reforma también incluye la posibilidad de presentar amparos a través de herramientas digitales, aunque se aclara que el uso de la vía digital será opcional. Se establecieron límites en la suspensión del acto reclamado para proteger el interés social y el orden público.
A pesar de las modificaciones, la oposición continuó expresando su desacuerdo, argumentando que la reforma favorece a la autoridad y limita la defensa de derechos colectivos.
ARIEL HERNÁNDEZ
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