El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, recibió un auto de prisión preventiva justificada por la juez del centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, por supuesto desvío de 73 millones de pesos.
Duarte enfrenta acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita por presuntamente haber desviado 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua durante su mandato entre 2010 y 2016.
Los delitos que se le imputan incluyen un esquema de lavado de dinero mediante la triangulación de recursos, dirigidos originalmente a programas de apoyo para el sector ganadero.
La Fiscalía General de la República aportó 120 elementos de prueba, mostrando que los fondos desviados se canalizaron hacia empresas donde Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Font, eran socios.
Entre las empresas señaladas se encuentran la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera Rural División del Norte, donde Duarte ocupó puestos clave. Según la fiscalía, estos fondos terminaron en cuentas personales de Duarte y su esposa, ocultando así el origen de los recursos y facilitando su mal uso.
Estos movimientos financieros incluyeron incluso el pago de la tarjeta de crédito de la esposa del exgobernador. La audiencia en la que se discutió el caso se extendió por más de 15 horas, culminando con la confirmación de la prisión preventiva.
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A pesar de que la defensa argumentó que el delito no se le considera grave ante el Código Penal federal y solicitó la libertad bajo caución, el ministerio público expresó que su liberación representaría un riesgo de obstaculización en la investigación, dada su posición política anterior.
El exgobernador se reservó su derecho a declarar durante la audiencia y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para recopilar más elementos que desvirtúen las acusaciones formuladas en su contra.
La juez del caso definirá la situación jurídica de Duarte el próximo sábado, momento en el cual determinará si existen fundamentos suficientes para vincularlo a proceso.
Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, ya contabilizaba múltiples investigaciones por delitos de corrupción y desvío de recursos.
Fue extraditado desde Estados Unidos en 2022, enfrentando cargos en el fuero local. Aunque había obtenido libertad condicional con un brazalete electrónico, la nueva orden de aprehensión volvió a ponerlo en situación de riesgo penal.
Si se formaliza el procesamiento, Duarte enfrentaría un nuevo juicio relacionado con corrupción y manejo ilícito de recursos públicos, lo que podría tener consecuencias significativas para su futuro judicial.
ARIEL HERNÁNDEZ
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