Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), encabezados por Martha López Ríos, protestaron en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para exigir atención al caso del presunto despojo de al menos 247 hectáreas de terrenos nacionales en Mineral de la Reforma, que afecta a aproximadamente 140 personas.
El grupo acusó que las tierras, ubicadas entre Mineral de la Reforma y Mineral del Monte, pertenecen a comuneros de Azoyatla y cuentan con declaratoria de terrenos nacionales emitida por SEDATU en 2020, en beneficio de 120 posesionarios.
Tras la manifestación, parte de los inconformes se trasladó al Congreso del Estado, donde fueron recibidos por el diputado Jorge Argüelles y posteriormente por Andrés Velázquez. Los campesinos demandaron la intervención directa de las autoridades para recuperar las tierras.
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Denuncian agresiones y omisiones de autoridades
López Ríos señaló que los comuneros llevan casi 11 meses desplazados y han sufrido agresiones físicas en dos ocasiones, lo que pone en riesgo su seguridad.
Indicó que existen carpetas de investigación abiertas contra presuntos responsables, entre ellos Jorge “N”, que según los afectados, busca fraccionar los terrenos para asentamientos humanos.
Los manifestantes afirmaron que en septiembre de 2024 y agosto de 2025 se iniciaron nuevos procesos por despojo, lesiones, robo y daños a la propiedad, pero la PGJEH no ha integrado las carpetas de forma oportuna, lo que —aseguran— ha permitido que los presuntos responsables continúen en posesión de la superficie. También acusaron a la Profepa de no actuar ante el daño ambiental causado en la zona boscosa.
Piden acción inmediata
El grupo solicitó al Congreso emitir un exhorto para que las autoridades estatales y federales actúen con transparencia y apego a la ley. Entre sus demandas se incluyen la restauración del orden, el avance de las investigaciones, la atención a la problemática ambiental y la garantía de paz social y seguridad jurídica en la zona.
Los campesinos advirtieron que, de no atenderse el conflicto, continuarán los daños ecológicos y las agresiones, afectando no solo a las víctimas directas sino a toda la comunidad.
BERE GAMBOA
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