La tauromaquia en Hidalgo no se va a dejar matar tan fácil. Así de simple. Después de que el diputado Avelino Tovar (Partido Verde) lanzara una carta abierta proponiendo una “transición sin sangre”.
En ella, el coordinador del PVEM citó cuatro fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial federal para sustentar su postura.
“No escribimos esta carta en contra de ustedes. La escribimos a favor de que en Hidalgo se deje de haber actos de crueldad y muerte de toros y novillos por entretenimiento”, señaló el diputado en su mensaje.
Ahora, los defensores de la tauromaquia han respondido con un documento que busca precisar lo que consideran “afirmaciones incorrectas o incompletas”.
El documento se titula: “Respuesta a la carta abierta sobre la tauromaquia en Hidalgo”. Y trae 11 puntos que defienden a la fiesta brava. Es un manifiesto de defensa cultural, económica y jurídica. Y ojo, esta respuesta viene de agrupaciones que defienden y promueven la Tauromaquía en todo país como TMX, la Agrupación Mexicana de Empresarios Taurinos A.C. y la Asociación Nacional de Craidores de Toros.
Para tener en cuenta:
El debate no es menor. La tauromaquia en Hidalgo está presente en 57 de los 84 municipios y en al menos 115 localidades indígenas, según datos aportados por las propias organizaciones taurinas. Además, genera una derrama económica estimada en 12 millones de pesos por concepto de sueldos y da empleo directo a cerca de 96 personas por corrida, sin contar las 45 ganaderías de toros de lidia que operan en la entidad.
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Los 11 puntos de la respuesta taurina: argumentos legales y culturales
El primer punto de la respuesta enfatiza que la fiesta brava no debería de ser reducida a un acto arbitrario de maltrato pues es una práctica con más de medio siglo de historia en Hidalgo, sujeta a reglas y sanciones para los excesos.
“La tauromaquia no es crueldad: es una actividad cultural regulada”, sostiene el documento.
En el segundo punto, los taurinos rechazan que se minimize su práctica a un simple espectáculo. Señalan que su eliminación provocaría la desarticulación de un sistema productivo completo.
“Su eliminación no sería una ‘transición simple’, sino la desarticulación de un sistema productivo y cultural completo, con impactos directos e irreversibles en el empleo y el tejido social del estado”, advierte la respuesta.
Uno de los puntos más debatidos es la definición de maltrato. Los defensores de la tauromaquia insisten en que no cualquier daño a un animal constituye maltrato legal.
“El maltrato animal es una categoría jurídica, no emocional, y se configura únicamente cuando el daño es injustificado, desproporcionado o contrario a las normas que regulan una actividad legítima”, explican.
La respuesta en el quinto punto cita un fallo reciente del Pleno de la SCJN. Según los taurinos, la Corte ha establecido que las prohibiciones absolutas son inconstitucionales.
“El Pleno de la Suprema Corte (DGI 6/2025) ha determinado que las prohibiciones absolutas de las corridas son inconstitucionales, reconociendo la necesidad de ponderar los derechos culturales y de libertad en juego”, afirman.
Los defensores de la tauromaquia desestiman los fallos citados por el diputado Tovar. Los califican como “tesis aisladas” y aseguran que no son obligatorias.
“Los criterios prohibitivos citados por la contraparte son tesis aisladas, no son sobre corridas de toros, no constituyen jurisprudencia obligatoria y, además, han quedado superadas por el nuevo marco constitucional”, indican.
El sexto punto es uno de los puntos técnicos más relevantes. La NOM-033-SAG-ZOO-2014 regula el sacrificio sanitario de animales para consumo humano, no los espectáculos culturales.
“Pretender aplicarla a la tauromaquia invade competencias estatales. Las propias autoridades federales han reconocido carecer de facultades para intervenir en espectáculos públicos mediante esta normativa”, subraya el documento.
Los taurinos aceptan la necesidad de reglas claras, pero rechazan la prohibición absoluta en el punto siete:
“No hay disposición constitucional que obligue a la prohibición absoluta. El marco jurídico vigente permite su regulación y el reconocimiento de su carácter como actividad cultural y económica legítima”, puntualizan.
La propuesta de “reconversión gradual” del diputado Tovar es vista como una expropiación encubierta.
“La ‘reconversión gradual’ implicaría, en los hechos, un acto expropiatorio al imponer modalidades no justificadas a la propiedad privada y trasladar cargas económicas desproporcionadas a los ganaderos”, señalan.
Además, recuerdan que solo entre el 7% y el 10% del ganado de lidia participa en corridas. El resto mantiene la viabilidad genética y ecológica de la especie.
Cambiar el oficio de toreros, banderilleros y mozos de espadas no es tan sencillo como parece.
“Sustituir la actividad de toreros y profesionales del sector vulnera la libertad de profesión y las convicciones personales. Las trayectorias de vida y vocaciones no pueden redefinirse por mandato legislativo sin consecuencias humanas y jurídicas reales”, advierten.
Uno de los argumentos más repetidos por los defensores de la tauromaquia es el ecológico. Sin el sistema de cría asociado a las corridas, el toro bravo desaparecería.
“El toro de lidia es un animal bravo que no puede subsistir en libertad sin supervisión por razones de seguridad. Su preservación depende de su integración al sistema productivo”, explican.
También rechazan el uso del término “tortura” por considerarlo jurídicamente impreciso.
El último punto de la respuesta es quizás el más filosófico. Los taurinos defienden que las tradiciones no se crean por decreto ni se eliminan por decisión de una minoría.
“La creación de nuevas expresiones es legítima, pero no puede basarse en la eliminación de las existentes. Pretender sustituir una manifestación cultural por valoración subjetiva afecta la libertad de expresión y la creatividad artística. La cultura no se decreta ni se reemplaza”, sentencian.
Lo que está en juego
Más allá de los argumentos legales, la respuesta taurina incluye datos concretos sobre el impacto de la fiesta brava en el estado. Según organizaciones como Tauromaquia Mexicana capítulo Hidalgo:
- 57 municipios realizan actividades taurinas.
- 115 localidades indígenas tienen arraigo taurino.
- 45 ganaderías de toros de lidia operan en la entidad.
- 96 empleos directos genera cada corrida.
- 12 millones de pesos en sueldos por concepto de actividad taurina.
La postura del diputado Avelino Tovar
Para entender el debate, es necesario recordar los planteamientos del diputado del PVEM. En su carta del 15 de abril, Tovar reconoció el arraigo de la tauromaquia, pero insistió en la necesidad de evolucionar hacia prácticas sin violencia.
“El toro de lidia, como cualquier animal, siente miedo, estrés, dolor y sufrimiento real. Es debilitado por las puyas que desgarran sus músculos, desorientado por las banderillas que lo van agotando y desangrando”, escribió el legislador.
Tovar también citó jurisprudencia de la SCJN, incluyendo los amparos en revisión 2716/2024, 163/2018, 365/2024 y el fallo del Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito (82/2024), que ordenó a la SADER inspeccionar las corridas de toros para garantizar el bienestar animal.
El diputado propuso:
- Reconversión gradual de ganaderías hacia ecoturismo o cría sostenible.
- Apoyos estatales y federales para reconversión laboral.
- Preservación del toro de lidia como patrimonio genético, pero sin tortura.
- Impulso de nuevas expresiones culturales sin sangre.
“No se trata de destruir, sino de transformar con inteligencia y corazón”, afirmó Tovar.
El Congreso, en el ojo del huracán
Ambas partes coinciden en un punto: la iniciativa antitaurina lleva más de un año sin dictamen en el Congreso de Hidalgo. Los taurinos acusan al diputado de querer avanzar sin consulta previa a los pueblos originarios. El diputado, por su parte, exige a sus compañeros legisladores sacar la iniciativa de la “congeladora”.
Hasta el momento, ninguna de las dos posturas ha logrado imponerse en la opinión pública. Las corridas programadas para el 18 de abril y el 30 de mayo en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca siguen sin permiso municipal, y un amparo promovido por el grupo Animal Héroes añade más incertidumbre.
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