En Hidalgo, 113.6 millones de pesos destinados al campo están bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La cifra forma parte de los 721 millones que el gobierno estatal no pudo comprobar del ejercicio 2024.
Contratos irregulares y seguros fantasma
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso EMEEQUIS, la ASF emitió dos Pliegos de Observaciones específicos. El primero, identificado con el folio 2024-A-13000-19-1122-06-001, señala un probable daño a la Hacienda Pública por 100 millones 383 mil 918 pesos. El origen fueron irregularidades en los contratos 038/2024, 041/2024 y DIF/DAJ/0471/2024, celebrados por la Oficialía Mayor y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Se trata de seguros catastróficos que debieron proteger a agricultores y ganaderos contra fenómenos climáticos. Pero la autoridad fiscalizadora no encontró la documentación que acredite su adquisición: no hay programas, ni reglas de operación, ni lineamientos. Tampoco existe evidencia de que los apoyos hayan llegado a quienes perdieron su siembra o su ganado.
Como si fuera poco, en el acta de entrega-recepción de cinco unidades vehiculares se detectaron inconsistencias en las firmas del apoderado legal de la empresa contratada, en comparación con otro contrato por 29 unidades. Para la ASF, esto viola la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones del Estado de Hidalgo y las propias cláusulas del contrato DIF/DAJ/0471/2024.
El segundo Pliego de Observaciones, con folio 2024-A-13000-19-1122-06-002, suma 13 millones 234 mil 549 pesos y golpea directamente a las mujeres del campo. Se trata del programa productivo para la mujer rural, en su componente de agregación de valor. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no presentó el expediente completo. No hubo visitas de campo ni de acompañamiento para verificar la implementación de los apoyos. Y cuando las actas de visita existían, no estaban firmadas por las beneficiarias ni validadas por la Secretaría de la Contraloría estatal.
La investigación revela que el gobierno de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría, entregó un padrón de beneficiarios y comprobantes de dispersión electrónica por 26.9 millones de pesos. Pero eso solo solventa parcialmente lo observado. Quedan 13.2 millones sin justificar, y lo más grave es que no hay certeza de que las mujeres beneficiarias hayan recibido realmente el apoyo.
Las comunidades golpeadas y el seguro que no llegó
EMEEQUIS documentó que en comunidades como Chapula, en el municipio de Tianguistengo, afectadas por la vaguada monzónica de octubre pasado, no existe registro de que el seguro catastrófico haya aterrizado. El fenómeno climático dejó viviendas destruidas, cultivos perdidos y familias sobreviviendo con lo mínimo. Mientras tanto, los 100 millones de pesos destinados a cubrir esas contingencias no tienen huella de haberse ejercido.
La investigación también permitió reconstruir lo que ocurre en regiones como el Valle del Mezquital, el Valle de Tula, Tulancingo y Apan, donde la producción de maíz enfrenta una crisis múltiple. A la caída de precios internacionales, derivada de la superproducción en Estados Unidos, se suman los desastres naturales y ahora la ausencia de apoyos gubernamentales.
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Fuentes consultadas por EMEEQUIS en las propias comunidades describen un panorama desolador: familias que han dejado de sembrar porque ya no es rentable, ganaderos que enfrentan pérdidas por el gusano barrenador y restricciones para exportar.
Expedientes vacíos y firmas que no aparecen
Uno de los hallazgos más graves de la ASF tiene que ver con el programa productivo para la mujer rural. La autoridad fiscalizadora no encontró ninguna evidencia de visitas de campo o de acompañamiento que permitieran verificar si los apoyos realmente se implementaron.
Las actas de visita, cuando existían, no estaban suscritas por las beneficiarias. Es decir, no hay manera de confirmar que las mujeres rurales, muchas de ellas indígenas, hayan recibido los recursos. Y para completar el cuadro, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo no validó ninguno de estos procedimientos.
EMEEQUIS constató que esto viola lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios y apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de enero de 2024.
Las cifras del desfalco
La investigación de EMEEQUIS permite dimensionar el boquete financiero. Por un lado, 100.3 millones de pesos en seguros catastróficos sin documentación ni evidencia de entrega. Por otro, 13.2 millones del programa para mujeres rurales sin comprobación. En total, 113.6 millones de pesos que la ASF considera un “probable daño” a la Hacienda Pública.
A esto hay que sumar los rendimientos financieros generados desde la disposición de los recursos hasta su eventual reintegro a las cuentas bancarias de las Participaciones Federales de las Entidades Federativas. Es decir, el dinero no solo no llegó a su destino, sino que además debió generar intereses que tampoco están.
El gobierno de Hidalgo tiene ahora un plazo de 90 días para aclarar el destino de los recursos. Vence el 18 de mayo. Pero la experiencia en casos similares genera escepticismo, las observaciones de la ASF suelen resolverse con documentos que llegan a última hora, sin que exista una verificación real en campo.
La realidad del campo
Más allá de las cifras y los pliegos de observaciones, EMEEQUIS documentó el impacto real de esta crisis. En las regiones productoras de Hidalgo, los campesinos enfrentan una tormenta perfecta: el clima golpea sus cultivos, los precios internacionales caen y los apoyos gubernamentales no llegan.
La producción de maíz, base de la alimentación y la economía local, se ha visto seriamente afectada. A esto se suma la crisis ganadera, con pérdidas importantes por plagas y restricciones sanitarias. Se estima que alrededor de 300 mil productores en el estado podrían estar siendo afectados por esta combinación de factores.
MIRELY I. ENRÍQUEZ
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