La reconstrucción de la infraestructura educativa en Hidalgo enfrenta un obstáculo que va más allá de lo presupuestal: la incertidumbre geográfica. Tras el paso de la vaguada el año pasado, nueve centros escolares sufrieron pérdida total en los municipios de Huehuetla, Tlahuiltepa y Tianguistengo.
Sin embargo, el secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón, confirmó que la edificación de nuevos planteles depende estrictamente de la reubicación de las propias comunidades. El Estado no puede proyectar centros de enseñanza sin una definición territorial previa que garantice que los habitantes permanecerán en dichas zonas.
Sincronía necesaria entre vivienda y educación
El caso de Tianguistengo ilustra la complejidad del proceso actual, pues diversas localidades se encuentran en proceso de traslado hacia terrenos más seguros. Castrejón señaló que la dependencia a su cargo aguarda la resolución de los nuevos asentamientos humanos para determinar la ubicación técnica de las escuelas.
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La Secretaría de Educación ya concluyó la etapa de valoración técnica y presupuestaria, entregando a la Federación los costos detallados de las rehabilitaciones necesarias.
No obstante, el inicio de las obras físicas permanece en suspenso. A pesar de contar con los expedientes de necesidades validados, el gobierno estatal depende de la liberación de recursos por parte de las aseguradoras y del presupuesto federal, instancias que hasta el momento no han asignado una fecha definitiva para el arranque de los trabajos.
Gestión de recursos y fiscalización del programa federal
En cuanto a la transparencia en la ejecución del programa “La Escuela es Nuestra”, el secretario minimizó el impacto de las nueve denuncias por irregularidades reportadas recientemente por la delegación del Bienestar.
Ante un universo de 2,300 apoyos programados para este año, Castrejón calificó las quejas como casos aislados derivados, principalmente, de discrepancias en el manejo del recurso dentro de las asambleas escolares.
La Secretaría de Educación mantiene un protocolo de canalización inmediata hacia las instancias federales para resolver cualquier conflicto financiero en los comités de padres de familia.
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