La diputada Karla Perales presentó una iniciativa que busca fortalecer el Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Hidalgo. La propuesta faculta al Tribunal Superior de Justicia para compartir, actualizar y sistematizar de manera mensual la información sobre personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias. Además, exhorta a las demás entidades del país a legislar en la materia, con el fin de que este registro opere de manera efectiva en todo el territorio nacional.
Actualmente, en Hidalgo existe un registro de deudores alimentarios, pero no es público. Solo se puede acceder a él si se acredita un interés jurídico, lo que limita a la ciudadanía el derecho a conocer si un funcionario público, por ejemplo, incumple con este tipo de responsabilidades. Esta condición también impide aplicar sanciones como negar la expedición documentos personales o restringir el acceso a ciertos cargos. Colectivos como Ley Sabina Hidalgo advierten que esta falta de transparencia podría estar vinculada con intereses políticos o institucionales.
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Uno de los argumentos para mantener reservado el registro es la protección de derechos humanos de los deudores. Sin embargo, la Suprema Corte ha reconocido que también están en juego los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyo interés superior debe prevalecer, especialmente en lo relativo a alimentación, vivienda, salud y educación.
De acuerdo al colectivo, se estima que en Hidalgo existen al menos 500 personas inscritas como deudoras alimentarias. Esta cifra corresponde únicamente a mujeres que han podido denunciar e iniciar el proceso, a pesar de los costos económicos y obstáculos legales. Muchas mujeres abandonan los juicios por falta de recursos, desinformación y abusos de abogados que cobran por un trámite que en realidad es gratuito. Esta práctica desanima a las madres a continuar el proceso y se calcula que solo el 8% de los casos logra concretar la inscripción.
El colectivo Ley Sabina Hidalgo también sugiere que el registro sea de carácter oficioso. Además, se solicita que el estado proporcione al menos dos pruebas genéticas mensuales para facilitar los reconocimientos de paternidad.
Otra problemática que impulsa la iniciativa es que muchas madres sufren violencia vicaria. Cuando inician un juicio de pensión alimenticia, guardia y custodia, o denuncian violencia familiar, en muchos casos los agresores responden con demandas fabricadas. Alegan violencia psicológica o física e incluso utilizan a los hijos para argumentar abandono, con el objetivo de evitar el pago de pensiones o retirarles la custodia a las madres. Esta amenaza constante ha provocado que muchas mujeres desistan de iniciar procesos judiciales por temor a perder a sus hijos.
Por su parte Karla concluyó: “Lo que para muchos es un asunto íntimo o privado, termina por convertirse en un problema de carácter público. Este incumplimiento masivo de pensiones alimenticias debilita el desarrollo infantil, genera rezagos educativos y de salud, además, perpetúa brechas de género. Hablar de pensión alimenticia no recae en asuntos domésticos ni de rencores personales, significa hablar de derechos humanos”.
BERE GAMBOA
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