Hidalgo

Pruebas de ETS como filtro laboral: discriminación que persiste

La exigencia de certificados de salud con resultados negativos a enfermedades de transmisión sexual se mantiene como una barrera vigente para la población en el estado. Alan Javín Álvarez Ríos, director ejecutivo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC), advierte que estas prácticas vulneran la intimidad y los derechos fundamentales, especialmente de la comunidad LGBTIQ+.

El acceso al trabajo formal en la entidad aún presenta obstáculos basados en prejuicios sobre la salud sexual. Durante el último año, la organización identificó al menos cinco casos directos de personas que acudieron a realizarse pruebas de detección bajo la presión de sus empleadores. Estos ciudadanos reportaron que la entrega mensual de resultados o la presentación de un examen negativo al postularse a una vacante figuran como requisitos indispensables.

Álvarez Ríos señala que estas solicitudes carecen de sustento legal y ético, pues transforman información clínica confidencial en una herramienta de control administrativo. Esta dinámica genera un ambiente de desconfianza donde el trabajador se ve obligado a exponer su vida privada ante las áreas de recursos humanos para evitar el despido o la exclusión del proceso de selección.

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Estigma en espacios públicos

La discriminación por condiciones de salud trasciende las oficinas y alcanza los centros deportivos de alto rendimiento. En estos espacios, se han detectado también exigencias de pruebas de VIH para permitir el ingreso a áreas comunes como las albercas.

El titular de SEIINAC califica estas medidas como innecesarias, ya que está demostrado que compartir una piscina con una persona que vive con el virus no representa riesgo alguno de transmisión.

Esta tendencia de hipervigilancia también se manifiesta en trámites civiles. Recientemente, las parejas que buscan contraer matrimonio enfrentan la obligatoriedad de presentar estudios clínicos. El activista enfatiza que exigir esta información viola el derecho a la privacidad y perpetúa una carga de estigma sobre las infecciones de transmisión sexual en la sociedad actual.

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