¿Protegidos por el poder?: se suman víctimas de negocio en Pachuca

La controversia en torno al restaurante antes conocido como Pabellón Arboledas, ubicado en Pachuca, sigue creciendo. A las denuncias previas se suma ahora una nueva víctima que ha decidido compartir su testimonio, aunque por razones de seguridad ha preferido mantenerse en el anonimato.

Su relato coincide en varios puntos con los expuestos anteriormente por otros extrabajadores, especialmente en lo que respecta a la falta de pagos, condiciones laborales irregulares y presuntas conductas abusivas por parte de quienes dirigían el negocio.

¿Cómplices o simples invitados?

Uno de los detalles más llamativos de este nuevo testimonio gira en torno a la inauguración del lugar, que ocurrió sin que se cobrara un solo platillo, pero que, según la denunciante, reunió a un grupo de figuras políticas del estado. Los nombres que se destacaron fueron la secretaria de Turismo, Liz Quintanar y la senadora Simey Olvera.

La víctima señala que, más allá del evento inaugural, la presencia de políticos fue constante, mencionando incluso la presunta asistencia de Juan Manuel Ayala Guarro en un evento donde el ambiente se tornó aún más inusual, pues los trabajadores fueron obligados a apagar sus celulares y las cámaras del local fueron desconectadas.

Administración caótica

El testimonio revela una operación marcada por la informalidad desde sus cimientos, el personal nunca recibió comprobantes de nómina ni registros digitales de sus pagos. Todo el dinero se entregaba en efectivo y “a la mano”, esta práctica fue la norma para, según la víctima, al menos 44 empleados que trabajaron entre los meses de mayo y junio. Sin embargo, con el paso de las semanas y ante la falta de pagos, la plantilla se redujo drásticamente a apenas cinco personas.

No solo se trató de pagos incompletos, la persona afectada también denuncia maltratos verbales y presuntamente físicos hacia otros empleados, sin que hubiera consecuencias para los responsables.

Libertinaje en el trabajo

Una de las situaciones más graves que describe es el supuesto consumo abierto de alcohol y otras sustancias dentro del establecimiento, incluso durante el horario laboral y desde primeras horas del día.

Asegura que este comportamiento era común entre algunos trabajadores y, particularmente, entre una de las gerentes, presuntamente familiar directa de los socios Huarachín y Huarachón, a pesar de la evidencia del consumo constante dentro del local, los dueños nunca intervinieron.

En uno de los proyectos paralelos que surgieron dentro del restaurante —un nuevo concepto de botanero—, la administración quedó nuevamente en manos de la misma gerente señalada. Allí, asegura la víctima, se notó aún más el desorden, el consumo excesivo de alcohol y drogas y la poca capacidad de liderazgo por parte de quienes estaban al frente.

El testigo menciona que, aunque la operación diaria del restaurante era caótica, parecía no haber preocupación real por parte de los socios. Nunca existió una estructura sólida, ni interés por revisar si la plantilla estaba completa o si el restaurante generaba los ingresos necesarios. Tampoco se aplicaban procesos básicos de control o atención al cliente.

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Palancazo que acabo mal

En medio de este entorno, llegó a laborar un chef que, según el testimonio, fue recomendado directamente por la secretaria de Turismo, Liz Quintanar, y contactado a través de uno de los socios, Aarón N. A este chef se le ofreció un trato especial debido a su vínculo con la funcionaria estatal, sin embargo, solo duró una semana trabajando ahí, pues, según la persona afectada, sufrió hostigamiento por parte de Dulce N —hija del dueño y una de las principales señaladas—, e incluso fue víctima de una presunta agresión física por parte de otro colaborador relacionado con el consumo de sustancias dentro del restaurante.

Este caso terminó con la salida del chef, quien finalmente recibió su pago luego de que supuestamente la propia secretaria de Turismo interviniera a través de una llamada. No se conoce el contenido de dicha conversación, pero tras ella, al chef se le pagó su quincena pendiente y se retiró del lugar. La víctima considera que es posible que la funcionaria esté al tanto de lo que ocurre en el restaurante, al menos desde ese episodio, pero hasta ahora no se ha hecho público ningún pronunciamiento o acción oficial de su parte para frenar o investigar lo que sucede.

Renuncias forzadas y amenazas

Como ocurrió con otros extrabajadores, el testigo también señala que los obligaron a firmar su renuncia para recibir un pago, que además no cubría el total que le debían. En otro caso que presenció directamente, Dulce N habría intentado arrebatarle el teléfono a una trabajadora para borrar información delicada y presuntamente la amenazó.

Cuando se intentó levantar una denuncia ante la Procuraduría, el proceso no avanzó, ya que se argumentó que las amenazas no eran suficientes para proceder legalmente y se consideraron únicamente como actos de intimidación. La única opción que le ofrecieron a la víctima fue avanzar a través de una conciliación.

¿Y las autoridades?

En varias ocasiones, se presentaron autoridades, elementos de Reglamentos llegaron tras una queja vecinal por el ruido, pero al visitar el establecimiento, simplemente tomaron algunas fotos y se retiraron sin hacer más preguntas, asegurando que el lugar “estaba tranquilo”, sin notar —o sin mencionar— que algunos empleados se encontraban visiblemente bajo el efecto de sustancias. Al parecer también acudió una patrulla tras la agresión al chef, pero la única medida de parte de los dueños fue pedir que el restaurante cerrara por ese día.

En otro episodio, la Policía Violeta acudió tras una supuesta agresión cometida por Dulce N. Sin embargo, el personal de esta unidad explicó que no podía intervenir de forma directa, su solución fue promover una negociación entre las partes, en la que se acordó un pago como forma de compensación y se levantó un acta, pero no se avanzó más allá.

Nuevo nombre, nueva imagen… ¿mismas mañas?

Actualmente, según la denunciante, los socios anteriores ya no forman parte del proyecto. El establecimiento atraviesa un proceso de renovación y está próximo a reabrir con un nuevo nombre: “24 Diez, La Catedral de la Comedia”. Ahora se presenta como un restaurante-bar que incluirá música en vivo y espectáculos. El nuevo presunto socio es conocido como El Pirrurris, pero no se ha informado si esta nueva etapa traerá también una transformación en las prácticas administrativas o laborales.

Aunque el restaurante cambie de nombre y concepto, todo indica que sus lazos con figuras políticas siguen firmes, lo que hace pensar que, pese a las quejas y señalamientos, este lugar goza de una protección silenciosa que lo mantiene intocable.

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