La protección de las infancias en Hidalgo atraviesa un momento clave en el Congreso local. La diputada Tania Meza Escorza, integrante del grupo legislativo de Morena, presentó una iniciativa que busca sacudir las estructuras legales del estado al proponer que los feminicidas y los deudores alimentarios pierdan de manera definitiva el derecho de ejercer la patria potestad sobre sus hijos e hijas.
Esta propuesta no solo pretende sancionar el delito, sino garantizar que el bienestar de los menores prevalezca sobre los privilegios de quienes han vulnerado el núcleo familiar.
Justicia para las víctimas
Uno de los pilares más robustos de esta reforma se encuentra en la modificación al Código Penal del estado. La legisladora busca integrar el espíritu de la conocida “Ley Monzón”, una norma que surgió a nivel nacional tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón en 2022. El objetivo es directo: evitar que un hombre que arrebata la vida de una mujer por razones de género mantenga cualquier control, autoridad o derecho sucesorio sobre los hijos que tuvo con la víctima.
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Meza sostiene que el Estado no puede permitir que un agresor ejerza autoridad sobre una descendencia cuya madre él mismo violentó. Bajo esta lógica, la patria potestad deja de verse como un derecho absoluto del padre para entenderse como una función social que se pierde en el momento en que se traiciona la seguridad y la vida del entorno familiar.
Cero tolerancia al abandono económico
La iniciativa también pone la mira en la violencia económica. La propuesta para modificar la Ley para la Familia establece que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia será causa suficiente para suspender la patria potestad. Específicamente, si un progenitor deja de proveer sustento por tres meses, ya sean consecutivos o discontinuos, dentro de un mismo año sin una causa justificada, perderá sus facultades legales sobre los menores.
De acuerdo con la diputada, la falta de apoyo económico no representa un simple conflicto entre adultos, sino una agresión directa contra derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación de la niñez.
Al endurecer estas medidas, el Congreso busca enviar un mensaje claro: la responsabilidad parental es integral y el abandono sistemático tiene consecuencias legales severas. Con esta reforma, Hidalgo se encamina a asegurar que las leyes dejen de ser un refugio para agresores y se conviertan en un verdadero escudo para los más vulnerables.
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