El diputado Avelino Tovar Iglesias pidió acelerar el análisis de la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros en Hidalgo. Durante la sesión del viernes, el legislador presentó una excitativa ante la presidencia de la mesa directiva del Congreso estatal con el objetivo de que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emita el dictamen correspondiente.
La solicitud plantea que la comisión resuelva el tema en un plazo no mayor a 10 días hábiles y permita que la propuesta avance dentro del proceso parlamentario. El legislador llevó el tema al pleno luego de que la iniciativa permaneciera sin avances durante más de un año.
La propuesta para eliminar la tauromaquia en la entidad se presentó el 18 de marzo de 2025. Desde entonces, el Congreso no ha emitido un dictamen ni ha definido una ruta clara para su discusión.
Tovar Iglesias señaló que la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Hidalgo establece un plazo de 30 días hábiles para que las comisiones analicen y dictaminen las iniciativas. Sin embargo, en este caso ya transcurrieron más de 365 días sin respuesta.
Debate sobre protección animal
El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sostuvo que el retraso no responde a un obstáculo jurídico, sino a la falta de voluntad política para discutir el tema dentro del Congreso.
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En ese contexto, recordó que el gobernador Julio Menchaca Salazar ha manifestado públicamente su postura respecto a las corridas de toros, al señalar que estas no deberían existir. Bajo esa perspectiva, el diputado planteó que el debate debe centrarse en el cumplimiento de la legalidad y en la responsabilidad institucional frente al bienestar animal.
Además, mencionó que la protección de los animales forma parte de una prioridad dentro de la agenda pública nacional, en sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Finalmente, el legislador subrayó que tanto la Constitución local como la Constitución federal establecen la obligación del Estado de proteger a los animales contra el maltrato. Por ello, insistió en que el Congreso debe definir una postura sobre la iniciativa y permitir que el pleno determine el rumbo de la propuesta.
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