El escenario de la tauromaquia en el estado de Hidalgo atraviesa un periodo de intensa revisión judicial y legislativa tras la aparición de dos recursos de amparo contra estos espectáculos. El gobernador Julio Menchaca Salazar abordó esta problemática y reconoció que, aunque existen posturas encontradas, la responsabilidad final de una posible prohibición recae en los integrantes del Congreso Local.
A pesar de la vigencia de leyes que reconocen a los animales como seres sintientes, el mandatario subrayó que la ausencia de un veto explícito en la legislación actual permite que las actividades continúen de manera regular bajo el marco normativo vigente.
Conflicto de intereses entre economía y bienestar
Menchaca manifestó su postura personal en contra del maltrato animal, al señalar que las corridas lastiman a los toros. Sin embargo, aclaró que el debate no resulta sencillo debido a la profunda actividad económica que genera este sector.
Por tal motivo, el mandatario instó a los legisladores a trabajar en los consensos internos para destrabar las iniciativas que permanecen pendientes de dictaminación desde hace un año.
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Como una posible solución a la controversia, el gobernador mencionó el modelo implementado en naciones como Portugal, donde se mantiene la tradición pero eliminando el daño físico directo hacia el animal.
Mientras tanto, el gobierno estatal se comprometió a agilizar cualquier dictamen técnico pendiente en sus dependencias para no obstaculizar el proceso parlamentario.
La legalidad de la promoción taurina actual
Ante los cuestionamientos sobre por qué la operadora de eventos del estado de Hidalgo continúa con la promoción de estos festejos, el gobernador defendió la legalidad de dichas acciones. Menchaca Salazar explicó que, debido a que no existe una prohibición expresa que inhiba estas celebraciones, la institución actúa dentro de sus facultades legales.
La incongruencia señalada por diversos sectores sociales solo podrá resolverse cuando el Poder Legislativo modifique las normas y establezca reglas claras sobre la prohibición o transformación del espectáculo.
Finalmente, el mandatario enfatizó que el avance como sociedad depende directamente de una mayor conciencia sobre la protección de todos los seres vivos. El proceso para modificar la llamada fiesta brava parece inevitable en el contexto nacional, pero requiere de un trabajo legislativo profundo y ordenado.
El gobernador concluyó que el éxito de cualquier iniciativa depende exclusivamente del consenso y el análisis detallado que realicen al interior del Congreso del Estado para responder a las exigencias de la ciudadanía hidalguense.
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