Legisladores de Morena denuncian formalmente a Carolina Viggiano
A partir de una investigación de El Universal, diputados y senadores de Morena solicitaron a las autoridades indagar una mansión de lujo en la CDMX y una presunta red de empresas fantasma.
Un grupo conformado por siete diputados federales y dos senadores de Hidalgo acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal formal contra la legisladora Carolina Viggiano Austria y quienes resulten responsables. La acción legal solicita investigar la presunta comisión de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y operaciones fiscales simuladas.
El centro de la controversia es una lujosa residencia ubicada en la calle Sierra Nevada, en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. De acuerdo con los datos presentados por los legisladores, el valor estimado de esta propiedad alcanza los 1.3 millones de dólares, equivalentes a cerca de 40 millones de pesos.
El caso cobró fuerza a raíz de una investigación periodística publicada por El Universal. Dicho reportaje expuso que el inmueble no figura directamente a nombre de la política, sino de supuestas empresas fachada identificadas como Borsa Inmuebles y Corporativo Awid. Ambas compañías están registradas en Monterrey y comparten domicilio fiscal con un entramado de entre 60 y 80 empresas fantasma sin empleados ni operaciones reales.
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El expediente también toca al entorno familiar de la servidora pública. Según los documentos de la denuncia, sus hijos utilizaban esa misma residencia capitalina como domicilio fiscal. A la par, se mencionaron contratos gubernamentales previos que la empresa involucrada tuvo en Coahuila durante la administración de su esposo, Rubén Moreira Valdés.
La ofensiva no se limitó al ámbito penal de la fiscalía federal. Los legisladores anunciaron que presentarán una queja formal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo la figura de terceros colaboradores fiscales, exigiendo que las autoridades sigan tanto la ruta del dinero como la del beneficio económico real.
Ante las preguntas sobre si esta denuncia responde a un golpeteo electoral o a una guerra política, los legisladores rechazaron los señalamientos y argumentaron que cumplen con su deber legal como representantes populares. Ahora será labor del Ministerio Público Federal desahogar las pruebas y determinar si existen responsabilidades penales que perseguir.
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